Pese a que es poco conocido, los pueblos originarios de Xochimilco, el sur de Tlalpan y de Cuajimalpa ocupan más de la mitad de la CDMX
En un hecho catalogado como histórico, a partir de ahora, cualquier decisión o política pública en la Ciudad de México y que afecte a la comunidad de Milpa Alta y otros pueblos del sur de la Ciudad de México, deberá ser consultada a estas comunidades, según un amparo concedido por el juez de Distrito José Luis Benítez Luna.
La ruptura de dichas comunidades y el gobierno de Miguel Ángel Mancera inició en 2013, cuando la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, intentó controlar las brigadas de cuidado ecológico y profesionalizarlas, lo que, según los propios pobladores, implicaba quitarles el control sobre sus territorios.
Sin embargo, el reclamo no quedó ahí, el punto más álgido de la confrontación se dio en 2015, con el anuncio de la modificación del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de Ecosistemas (Proface), que permitía la inversión privada para el aprovechamiento sustentable del territorio, lo cual dejó sin voz a distintos pueblos al sur de la capital.
Como arma jurídica, representantes de diferentes comunidades iniciaron un juicio de amparo que fue aprobado a su favor, en el cual se establece que la autoridad reconocerá que los pueblos originarios de la Ciudad de México, son titulares del derecho a la consulta previa y que debe garantizarles de manera plena cuando pretenda emitir cualquier programa o política pública que los involucre y pueda tener aplicación en sus territorios, incluso cuando conlleven la autorización y asignación de fondos de apoyo para la conservación y restauración de los ecosistemas a través de la participación social, como lo cita el diario La Jornada.
