Este sector es responsable del 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región, pero la movilidad eléctrica fomentaría nuevas inversiones y empleos
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de Panamá, 6 de julio de 2020.— Transitar hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina y el Caribe a reducir las emisiones contaminantes y cumplir con el Acuerdo de París, mientras se crean nuevos empleos verdes como parte de los planes de recuperación pospandemia, de acuerdo con el informe “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y oportunidades para la colaboración regional 2019”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Este documento analizó los más recientes avances en 20 países de la región y destaca el creciente liderazgo de los gobiernos municipales, empresas y asociaciones civiles en impulsar la aplicación de nuevas tecnologías.
Además, descubrió que el transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor velocidad en la región, en una fase incipiente, que es financiado por la Comisión Europea a través del Programa EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la empresa de energías renovables Acciona.
Chile es el país con una mayor flota de autobuses eléctricos en la región, con más de 400 unidades, mientras se espera que Colombia incorpore casi 500 buses eléctricos en la capital, Bogotá. Otras ciudades colombianas, como Cali y Medellín, se han unido a Guayaquil, en Ecuador, y Sao Paulo, en Brasil, en hacer esta transición.
El aumento en la eficiencia de los autobuses eléctricos, la reducción en sus costos de operación y mantenimiento, así como la creciente preocupación por los impactos de las emisiones en la salud y el medio ambiente, son los principales impulsores de esta transición, agrega el estudio.
El transporte es responsable de 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región y es uno de los principales motores detrás de la mala calidad del aire en las ciudades que causa más de 300 mil muertes prematuras al año en el continente americano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“En meses recientes hemos visto una reducción en la contaminación atmosférica de nuestras ciudades a causa de los confinamientos para prevenir la propagación de la COVID-19. Pero estas mejoras son solo temporales. Debemos emprender un cambio estructural para que nuestros sistemas de transporte contribuyan definitivamente a la sostenibilidad de nuestras ciudades”, dijo Leo Heileman, director regional del PNUMA en América Latina y el Caribe.
El informe llama a los responsables de gobiernos e iniciativa privada a priorizar la electrificación del transporte público, especialmente a la hora de actualizar las flotas de autobuses que recorren las grandes ciudades de la región, pues se corre el riesgo de un “bloqueo tecnológico” en los próximos siete a 15 años si las autoridades no hacen esta transición, que además seguirá contaminando el aire de las ciudades y causando daños a la salud.
Al respecto, países como Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá han trazado ya estrategias o planes nacionales sobre la materia, mientras Argentina, México, Paraguay y República Dominicana están formulando los suyos y más de seis mil nuevos vehículos eléctricos livianos se registraron entre enero de 2016 y septiembre de 2019 en América Latina y el Caribe, según el informe.
También la necesidad de aumentar los puntos de recarga ha generado nuevas ideas de negocio o servicios. Por ejemplo, los “electrocorredores” que ya pueden encontrarse en Brasil, Chile, México y Uruguay permiten a los usuarios extender la autonomía de sus vehículos gracias a las redes de puntos de recarga rápida.
Mientras que el desarrollo de la infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos tiene el potencial de fomentar nuevas inversiones y empleos, los cuales son clave para los esfuerzos pos-COVID-19.
Los negocios de movilidad compartida de bicicletas y monopatines eléctricos también se están desarrollando en al menos nueve países de la región.
La publicación llama a los gobiernos a desarrollar una hoja de ruta clara a mediano y largo plazo que ofrezca certidumbre legal a la inversión privada y considere la movilidad sostenible en los planes de ampliación de la red eléctrica, en línea con los compromisos climáticos del Acuerdo de París, firmado por casi 200 países, para mantener el aumento de la temperatura global debajo de los 2 ˚C por encima de los niveles preindustriales para fines de siglo y de ser posible, debajo de los 1.5 ˚C.
