Reclaman el pago de 1,900 hectáreas en las que se construyó el eje carretero Tepic-Mazatlán-Durango, que fueron ocupadas desde hace 17 años
Los campesinos del Movimiento por la Justicia Agraria de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit tomarán en breve las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ciudad de México, en protesta por las acciones dilatorias, discriminatorias y autoritarias de la Subsecretaría de Infraestructura encabezada por Raúl Murrieta Cummings y la búsqueda del pago de sus tierras.
El Movimiento por la Justicia Agraria está compuesto por más de 32 núcleos campesinos, quienes reclaman el pago de aproximadamente mil 900 hectáreas en las que se construyó el eje carretero Tepic-Mazatlán-Durango, predios que fueron ocupados desde hace 17 años los primeros y diez los más recientes.
El 23 de diciembre pasado en las oficinas de la SCT en la ciudad de México, Murrieta Cummings, delante del director para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Yáñez Centeno, así como los delegados de la SCT en Durango, Enrique León de la Barra, y en Sinaloa, Héctor García Fox, el subsecretario de Infraestructura se comprometió a construir una solución.
“Queremos solucionar el asunto con ustedes porque habrá más obra pública y queremos que el proceso de solución que establezcamos con ustedes, constituya un modelo a establecer para otros casos similares. No queremos avasallar”, expresó.
Sin embargo, Murrieta Cummings se retiró de la reunión y, según Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos, mostró su falta de voluntad política para seguir avanzando, ya que en su lugar se presentó nuevamente la directora de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Subsecretaría de Infraestructura, América Trejo, quien había reventado la reunión del 25 de noviembre pasado en Durango.
Los campesinos acordaron con Murrieta Cummings que hoy habrían de conocer el avalúo maestro sobre sus tierras, verificar que la mayoría de los expedientes estén cubiertos con la documentación reglamentaria para iniciar el proceso expropiatorio y aterrizar el pago de las casi mil 900 hectáreas entre los meses de febrero y marzo.
Teorema Ambiental
