El Sistema Nacional de Protección Civil se planea transferir de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública
Teorema Ambiental/Redacción
Entre 1980 y 1990 se registraron en México un promedio 506 muertes anuales y daños materiales por unos 700 millones de dólares (mdd) a causa de desastres naturales. Entre el año 2000 y el 2014, los fallecimientos pasaron a un promedio de 186, pero las pérdidas materiales alcanzaron dos mil 147 millones de dólares.
“Estas pérdidas se vinculan a la existencia de diferentes niveles de vulnerabilidad y exposición de la sociedad mexicana, y propiciaron un profundo análisis de las fortalezas y debilidades de nuestro actual Sistema Nacional de Protección Civil”, indicó Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.
En conferencia de prensa, Irasema Alcántara Ayala, investigadora del IGg, y Sergio Puente Aguilar, de El Colegio de México, presentaron un estudio que propone cambios en la política pública que existe para el manejo de desastres en el país y está dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El documento, titulado “Del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia”, fue elaborado por 13 científicos de nueve instituciones y presenta un análisis de las modalidades que debería tener la política pública en materia de gestión integral del riesgo de desastres.
En nombre de los 13 académicos, Alcántara Ayala dijo que el Sistema Nacional de Protección Civil se planea transferir de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública.
“Esto puede representar un retroceso de tres décadas. Se precisa reconsiderar el efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la intervención del Estado mexicano frente a desastres. Es fundamental transitar hacia una orientación de seguridad humana, centrada en la acción a favor de las personas, tal y como se define en los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó.
Alcántara señaló la necesidad de diseñar políticas públicas con un enfoque preventivo, que se fundamenten en principios de eficiencia y equidad, integralidad, transversalidad, corresponsabilidad y rendición de cuentas.
Consideró que para la toma de decisiones y las acciones específicas de intervención práctica, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres debe basarse en evidencia científica, generada tanto en las ciencias y disciplinas sociales y naturales, como en la ingeniería y la tecnología.
Asimismo, habló de analizar la conveniencia de transformar el Centro Nacional de Prevención de Desastres en un centro de investigación integral, adscrito a una o varias instituciones con liderazgo y prestigio. “Debe ser un organismo descentralizado, con autonomía y personalidad jurídica propia, para que su funcionalidad no esté jerárquicamente subordinada a ninguna secretaría.”
