Hay una frase que es más que retórica y que insistentemente expresa el especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), José Luis Calva: “México no puede tener una economía vigorosa sin sector agropecuario fuerte, que podría ser un puntal para el crecimiento económico del país.”
Para lograrlo hay que tener instrumentos de política de fomento agropecuario como las que ya se han insinuado en programas como la Alianza para el Campo, pero que carecen de recursos suficientes para explayar sus bondades; instituir un sistema de precios de garantía o soporte, espejo del estadounidense, que en parte está presente en algunas regiones y cultivos con el sistema de precios objetivo, pero se necesita generalizarlo para todo el país y los principales cultivos y productos pecuarios básicos.
José Luis Calva presentó este análisis del sector agropecuario durante el foro “La competencia económica del sector agropecuario mexicano en el ámbito del libre comercio”, donde puntualizó que mediante una política de fomento agropecuario México podría responder al reto dual de elevar la producción interna de alimentos para reducir sus importaciones agropecuarias crecientes y aliviar el problema de pobreza rural, además de reducir una de las válvulas expulsoras de la población mexicana hacia Estados Unidos.
Al abundar sobre el sistema de precios de garantía o soporte que causa resquemor en varios sectores oficiales vinculados con el campo, Calva afirmó que éste no es un instrumento de política agrícola del pasado, sino del presente y del futuro, que está en la ley agrícola de Estados Unidos hasta el año 2007 y se aplica no sólo en granos, sino en productos pecuarios, incluida la leche.
Para el investigador, el sistema de precios de garantía o soporte da certidumbre a la producción agropecuaria porque asegura ciertos márgenes de rentabilidad de la producción agropecuaria.
. .Recordó que en México este esquema de precios se canceló de manera unilateral y abrupta como parte de todo un paquete de liberalizaciones en el sector agropecuario.
“Se nos decía que el intervencionismo gubernamental, el paternalismo, causaba distorsiones en la asignación de recursos productivos y, en consecuencia, había que cancelar la presencia del Estado en la economía y los precios de garantía o soporte y esto nos iba a dar mayor eficiencia en la producción agropecuaria”. Nada de esto ocurrió.
Como respuesta a los comentarios de Andrés Rosenzweig, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien señaló que México no salió del precio de garantía nada más por gusto, sino porque en Conasupo había una corrupción generalizada, José Luis Calva aseguró que en efecto así era, pero antes de eliminar este esquema se debieron haber creado los instrumentos de fomento; sin embargo, sucedió lo contrario, se destruyeron sin crear antes los alternativos.
Rememoró que fueron el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) los que aconsejaron a México aplicar todas esas políticas, pero ahora el mismo organismo reconoce que faltó la regulación y aplicación de políticas agropecuarias.
El investigador citó al BM, que recientemente señaló: “las políticas de apertura comercial beneficiaron en especial a ciertos segmentos de la agricultura comercial, pero tuvieron poco impacto en los campesinos pobres”.
Y agregó que de acuerdo con el organismo los incentivos de precios agrícolas siguen en un nivel bajo, esto es en gran parte resultado de la apertura de la economía que crece con la presencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las condiciones desiguales de competencia que enfrentan los campesinos mexicanos en la mayoría de las cosechas con respecto a sus vecinos del norte dado los niveles de dotación de recursos y los subsidios agrícolas que aplica Estados Unidos.
Las cifras del experimento
Calva aseguró que en el PIB agropecuario no sólo tenemos dos décadas perdidas para el desarrollo sino una regresión. Al comparar
el PIB agropecuario y forestal en términos de valor a precios constantes entre el trienio anterior al neoliberalismo económico 1980-82 y el que comprende los años 2002-04, el valor global de la producción agropecuaria por habitante es 10.5 por ciento menor; la de los ocho principales granos es 10.8 por ciento menor; la de carne roja es 30.2 por ciento menor; la producción de madera, 47.7 por ciento menor. Todo en términos per cápita.
El costo para México en términos monetarios también ha sido significativo, ya que en 1982 las importaciones representaban 1,790 millones de dólares y el año pasado la cifra fue de 14,330 millones.
Al respecto, José Luis Calva dijo que las remesas que envían los mexicanos en Estados Unidos suman 16 mil millones, por lo que estamos exportando mano de obra para importar los alimentos que podríamos producir en el país.
En esta lluvia de cifras, el especialista también asentó que en el último trienio el productor de maíz recibe 51 por ciento menos de lo que obtenía en el primer trienio de los años ochenta.
En el periodo de referencia la inversión pública en fomento rural fue 94.2 por ciento menor, ya que hoy representa 5.8 por ciento.
El gasto global en fomento agropecuario entre esos trienios es 69.7 por ciento menor, sin descontar el Procampo; si se incluye este programa, la caída se eleva a 83.7 por ciento.
El crédito global al sector agropecuario disminuyó 74.3 por ciento. El crédito de la banca comercial cayó 65.7 y el de la banca de desarrollo 81.6 por ciento.
Otra visión
Andrés Rosenzweig reconoció que en México una realidad es que la pobreza sigue en “niveles intolerables”, que se ubican por arriba del 50 por ciento en zonas rurales, según datos de la Cepal.
Consideró que uno de los problemas es que existen muchas inercias en la asignación del gasto para el campo, muchos intereses creados, grupos de presión y si no rompemos con esto vamos a seguir con una estructura del gasto que posiblemente no sea la más conveniente.
Fue enfático al señalar que no podemos avanzar si no se democratiza la toma de decisiones en el sector agroalimentario. Postura con la que coincidió José Luis Calva.
Después de 10 años de TLCAN, apuntó, debemos retomar el concepto de la planeación de las actividades productivas por rama, por grupo de la actividad y en el ámbito de la economía nacional.
Recalcó que hay asimetrías entre México y Estados Unidos, ya que los estadounidenses no sólo compensan precio sino que reservan una tajada muy fuerte a la investigación básica, lo que está establecido en la Farm Bill, y otorgan crédito a sus agricultores.
En su exposición consideró que el TLCAN ha sido un vehículo muy poderoso para impulsar las exportaciones y generar más divisas para pagar una creciente factura de importaciones de granos básicos. Sin embargo, acotó que el mayor déficit de la balanza comercial agroalimentaria se concentra en el sector pecuario.
Y dio algunas cifras. El PIB agroalimentario creció de 1994-2004 a una tasa promedio de 2.5 por ciento, insuficiente y por abajo del potencial productivo que puede tener el país.
Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, no ha habido crédito prácticamente para el sector agropecuario, se ha reactivado un poco en los últimos años, pero sigue siendo muy escaso y muy caro.
El consultor de la Cepal aseveró que estamos en un equilibrio inestable determinado por el prejuicio ideológico, el accionar de los grupos reales de poder, la falta de diagnósticos, así como de discusión y consensos.
Por ejemplo, puntualizó el especialista, la ley de energía para el campo es una intención de buena voluntad, porque dice que hay que subsidiar a todos los que usen diesel y electricidad, pero en el artículo último señala que está sujeta a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y si no hay dinero, no hay ley.
