Teorema Ambiental/Redacción
Defender el patrimonio natural de una comunidad es una de las labores más peligrosas que se ejercen en el mundo. De acuerdo con un reporte realizado por la organización civil Global Witness, en México fueron asesinados al menos 14 ambientalistas, mientras que en el mundo se reportó la muerte de 164 activistas, más de la mitad de ellos en América Latina, una región extremadamente peligrosa para denunciar este tipo de hechos.
Además de los homicidios, también se reportó que otros activistas con “mejor suerte” fueron silenciados mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.
El estudio señala que Filipinas es el país más riesgoso para realizar esta actividad pues hubo un total de 30 homicidios, le sigue Colombia con 24 casos; la India con 23; Brasil con 20; Guatemala con 16, y México con 14. En Europa solo hubo tres activistas muertos en Ucrania, mientras que en toda África solo hubo 14 casos.
Los casos relacionados con la minería fueron los que reportaron una mayor incidencia, pues se relacionaron con la muerte de 43 activistas que se opusieron a proyectos para esta industria. En segundo lugar fueron casos relacionados con la agroindustria, 21 muertes, y por explotación forestal hubo 13 homicidios. En cuanto a la protección de las fuentes de agua la incidencia pasó de cuatro casos en 2017 a 17 el año pasado.
Además, Global Witness señaló que detectaron impunidad en 40 casos de los 164 que contabilizó y comprobó complicidad de las autoridades policiales durante las investigaciones.
Los crímenes fueron realizados por actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes, por lo menos en 40 de estos eventos, mientras que se responsabilizó a los gobiernos por aprobar deforestaciones o daños al medio ambiente de manera impositiva, con proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado.
La organización agregó que otro mecanismo para disuadir a los activistas es mediante la criminalización y la realización de demandas civiles contra las personas inconformes, como una forma de reprimir el activismo ambiental, incluso en países desarrollados como EEUU y Reino Unido.
En las conclusiones, el documento califica esta situación como una “ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son criminalizados”.
