La supuesta intención del gobierno federal de reducir el presupuesto a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) fue denunciada por grupos ambientalistas mexicanos, quienes calificaron esta propuesta como absurda y en contra de la justicia ambiental.
De reducir su contribución a la CCA, el organismo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y creado a petición expresa de la sociedad para monitorear los impactos que ese acuerdo tendría en el medio ambiente, se atentaría contra una institución que ha promovido ampliamente la transparencia, la participación pública en los temas ambientales trinacionales y la aplicación efectiva de la legislación ambiental, puntualizó el titular del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís.
México, indicó, pretende disminuir su aportación anual de tres millones a un millón 200 mil dólares, lo cual llevará eventualmente a que Estados Unidos y Canadá hagan lo mismo y, por consiguiente, la CCA desaparezca.
Esta medida evidencia el desdén de las autoridades gubernamentales mexicanas hacia los mecanismos establecidos por la propia ciudadanía para monitorear las repercusiones del libre comercio sobre nuestras sociedades, señaló por su parte el director de Greenpeace México, Alejandro Calvillo.
Subrayó que la CCA es una de las pocas herramientas con las cuales pueden sacarse a la luz casos de depredación ambiental sobre los que las autoridades no ponen atención.
Lo peor de esta decisión es que el primer interesado en boicotear y debilitar la CCA es el presidente estadounidense, George W. Bush, a quien han molestado muchos de los casos que ésta investigó, entre ellos el de la contaminación genética del maíz mexicano, señalaron los ambientalistas.
El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), que se estableció de manera paralela al TLCAN, incluye mecanismos para la participación ciudadana vía el Comité Consultivo Público Conjunto, que con el secretariado y el consejo de ministros forma la estructura de la comisión.
La participación ciudadana y la aplicación de la legislación ambiental quedaron garantizados en los artículos 14 y 15 del ACAAN, en los cuales se prescribe que «cualquier ciudadano u organización no gubernamental puede presentar una petición cuando consideren que uno de los socios del TLCAN está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental».
