Legislación Ambiental

Campesina, pilar de la alimentación

Las he visto en el campo cargando leña, caminando por la vereda, arrastrando los pies, con un niño sujeto de un rebozo o echando tortillas. Las he visto con machete en mano chapuleando la tierra, arrojando la semilla. Las he visto produciendo y empacando alimentos que serán destinados a los mercados nacionales o internacionales.
Son las mujeres que se han quedado a resguardar el hogar, las herederas del hombre que migró hacia otras tierras en busca de oportunidades económicas. Ellas han incursionando en la actividad económica y producen gran parte de los alimentos que consumen las comunidades rurales y ciertas ciudades.

. .La mujer representa más de la mitad de la mano de obra necesaria para producir los alimentos que se consumen en los países pobres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). La proporción es de tres cuartas partes en el caso de África al sur del Sahara, donde el problema de alimentación es agudo.

En América Latina la mujer también contribuye en gran medida a las tareas de cosecha, poscosecha y comercialización, según consigna un informe del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés).

Pero en esta creciente participación de la mujer en actividades agrícolas en los países pobres también existen limitantes, sobre todo en África, donde la mujer tiene la principal responsabilidad de la producción alimentaria; empero está limitada en sus derechos de uso de la tierra, que puede ejercer sólo con el consentimiento de un familiar del sexo masculino.

Los especialistas consideran que la reproducción de los prejuicios en contra de la mujer en la agricultura podría representar una fuente inexplorada de crecimiento agrícola.
El IFPRI recomienda eliminar las restricciones que afrontan las agricultoras y facilitar su acceso a los recursos que disponen los labriegos, ya que podrían hacer un aporte de importancia a la erradicación de la inseguridad alimentaria que aqueja a millones de personas.

. .La función de la mujer —anota el organismo— como productora de alimentos puede ampliarse además mejorando sus oportunidades tecnológicas y de información.

“Se debe hacer todo lo posible por proteger los derechos tradicionales de la mujer a la tierra por medio de registro y concesión de escrituras de propiedad sin discriminación y
de inclusión explícita de la mujer como beneficiaria única o conjunta en los programas de reforma agraria.”

En este escenario, las organizaciones crediticias reconocen a la mujer como “mejor pagadora” que el hombre; sin embargo, esto no se refleja en el otorgamiento de mayores créditos ni en número ni en monto.

. .La mujer requiere programas innovadores de crédito con formas de garantía no tradicionales y de instituciones locales, como agrupaciones femeninas, que permitan asegurar el acceso al crédito de las agricultoras.

Para el IFPRI, “es indispensable ofrecer servicios eficaces de extensión agrícola a la mujer administradora de la finca para ampliar la adopción de nueva tecnología y lograr el aumento de la productividad en la agricultura”.

Pero sin duda, una de las estrategias más viables para cambiar la situación de la mujer en el mundo agrícola es el cambio cultural mediante el fortalecimiento de los esquemas educativos encaminados tanto a la producción agrícola como al acceso a nuevas áreas de desarrollo más remunerativas.

Feminización del campo mexicano

De acuerdo con información oficial, la población femenina con derechos agrarios en el país está integrada por unas 661 mil ejidatarias y comuneras, que constituyen un grupo especialmente desprotegido social y económicamente.

Si se considera la propiedad social regularizada, las ejidatarias, comuneras y posesionarias, con certificados agrarios, representan en números redondos 362,580 mujeres. Si a ellas se suman las titulares de solares urbanos (traspatios con alternativa productiva), el número de mujeres que gozan de derechos de propiedad, asciende a 564,590, las cuales tienen derechos precisos y protegidos sobre la propiedad de 6.6 millones de hectáreas.

Los hombres han emigrado en una proporción mayor a las mujeres, en una relación de 10 a uno. Esto ha feminizado la agricultura pero también otras actividades dentro de la comunidad, como el trabajo asalariado fuera de la comunidad.

Las cifras del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) indican que del total de personas que han recibido certificados o títulos, casi 480 mil son mujeres y representan 21.7 por ciento de la población atendida por el programa. De éstas, 52.4 por ciento son ejidatarias, 10.7 por ciento posesionarias y 36.9 por ciento avecindadas. Es decir, cerca de las dos terceras partes de las mujeres con derechos agrarios, los tiene sobre la tierra parcelada o de uso común.

El envejecimiento de la población rural también se refleja en las mujeres, ya que el promedio de edad de las ejidatarias es elevado, 68 por ciento rebasa los 50 años y 35.6 por ciento tiene más de 65 años.


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