En Oaxaca, Estado de México, Puebla y Morelos se ha registrado el mayor número de agresiones
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 29 de mayo de 2020.— Para conseguir una gobernanza ambiental participativa se debe reconocer que la labor de los defensores del medio ambiente busca salvaguardar la vida de todos, afirmó Benjamín Berlanga, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (Ucpast) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con más de 40 años de trabajo con organizaciones de la sociedad civil.
Durante su participación en la cuarta videoconferencia del ciclo Diálogos Ambientales en Sana Distancia, organizado por la Semarnat, se debatió el tema “La transición ciudadana y gobernanza ambiental en defensa de los defensores ambientales”. Benjamín Berlanga explicó que esta continua agresión se debe a que vivimos en un sistema depredador, que supedita la vida a generar valor de cambio, acompañada de una debilidad de los mecanismos de justicia y a una ambigüedad normativa.
Por ello planteó que la Semarnat necesita hacer cada vez más efectivos los pronunciamientos del sector ambiental ante cada hecho de agresión a las personas defensoras del ambiente, así como buscar la articulación del gobierno con las organizaciones sociales y una coordinación interinstitucional con las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno.
También destacó la necesidad de impulsar cambios en la legislación medioambiental para poder asegurar una protección más activa de los recursos naturales y del medio ambiente que juegue a favor de los defensores ambientales, quienes “ponen su cuerpo para defender la naturaleza, su vida y la vida de todos”.
Aarón Mastache Mondragón, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que en el país prevalece un alto grado de impunidad, como lo revelan muchos de los casos registrados de defensores de los derechos humanos y ambientales y de periodistas.
Este organismo, surgido en 2012, atendía apenas a 48 personas y actualmente ayuda a mil 206 personas, de las cuales 810 son defensoras de derechos humanos y 396 periodistas. Aunque advirtió que su labor ha sido meramente reactiva, por lo que urge atender los casos de forma preventiva desde la fuente de origen.
Destacó que la mayor parte de los beneficiarios del Mecanismo se ubican en la región sur del país, encabezados por la Ciudad de México, donde se concentra el 14 por ciento, seguido de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y entre las principales causas de agresión están la defensa de la tierra y del agua, recursos afectados por la sobreexplotación minera, forestal y de cambio de uso de suelo, entre otros. De ahí que cada vez más grupos comunitarios demandan protección.
Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), afirmó que los países megadiversos, como México, comparten una situación de conflictos y una complejidad de violencias contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio, lo que se ha recrudecido desde 2018, año en que se perpetraron 164 asesinatos contra estas personas en todo el mundo.
Expuso que los defensores ambientales ejercen este derecho en un contexto de violencia sociopolítica que registró 460 ataques entre 2012 y 2018, de los cuales 107 ocurrieron en 2015 y 85 en 2016, incremento que coincidió, en México, con la aprobación de la Reforma Energética.
En 2019 se registraron 39 ataques a defensores ambientales, de los cuales seis ocurrieron en Oaxaca, cuatro en Puebla y cuatro en Morelos, y el mayor número de ellos sucedieron en el sector de la energía eléctrica. Las principales agresiones fueron homicidio, 21.1 por ciento; amenazas, 19.3, y criminalización, 15.8 por ciento. Lamentablemente, en el 40.5 por ciento de los casos se señala al gobierno como perpetrador.
Indicó que los megaproyectos de desarrollo han sido detonantes de esas agresiones, y que es la minería uno de los sectores más letales, seguido de los proyectos hidroeléctricos y de energía eólica, y son Oaxaca y el Estado de México, los estados donde ocurre la mayor cifra de ataques, pero también Puebla y Morelos. Hizo notar que esto no ha cesado pese a la contingencia sanitaria que vive el país.
Mayolo Hernández Hernández, de la Oficina del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se refirió también a la problemática que enfrentan las comunidades indígenas y agrarias con el establecimiento de grandes proyectos, tanto públicos como privados, que pretenden asentarse en sus territorios. Explicó que tanto empresas como gobiernos los despojan de sus derechos y no los toman en cuenta en los procesos de desarrollo que pretenden llevar a cabo, aun cuando tienen sus propias propuestas, lo mismo que la academia.
Finalmente, dijo que es necesario construir un diálogo permanente con las comunidades para evitar conflictos antes de que un proyecto sea aprobado por la autoridad y hacerlas partícipes en el diseño de esos desarrollos. Para ello, indicó, es indispensable mejorar la comunicación con las organizaciones sociales, gobiernos locales, municipales y núcleos ejidales a favor de un bienestar social y ambiental.
Este ciclo de videoconferencias se realiza hasta el 6 de junio, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, en conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica y del Día Mundial del Medio Ambiente. Se pueden seguir a través de este enlace y en las redes sociales de la Semarnat.
