La grave crisis que atraviesa el sector agropecuario ha propiciado que en la Cámara de Diputados se presenten diversos puntos de acuerdo de apoyo a los campesinos de las diversas ramas productivas. Sin embargo, de siete sólo se aprobaron tres, como de urgente y obvia resolución.
El primero de éstos es el que presentó el diputado priista José Mario Wong Pérez, el 23 de septiembre, en éste se establece que la Cámara de Diputados tiene que exhortar al Ejecutivo federal, a fin de que a la brevedad posible expida y publique el Reglamento de Ley de Energía para el Campo. Además de que en el rubro de la energía eléctrica, de este reglamento, se especifiquen los precios y tarifas de estímulos fijos no mayores a 15 centavos kilovatiohora, y que una vez publicado sea ésta la base para la negociación de los adeudos de productores con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de que sean liquidados en un plazo de 39 meses.
Por otra parte, la Cámara de Diputados tiene que exhortar al Ejecutivo federal para que se canalicen de inmediato recursos extraordinarios al estado de Chihuahua, para avanzar en el programa de Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica, cuyo requerimiento actualmente es del orden de los 4,500 millones de pesos.
En las consideraciones se destacó que la aprobación de la Iniciativa de Ley de Energía para el Campo, presentada el 29 de noviembre de 2001 por el diputado priista César Horacio Duarte Jáquez, abría la posibilidad para que el Ejecutivo federal estableciera el Programa Mediante Precios y Tarifas de Estímulos de los Energéticos Agropecuarios, tales como gasolinas, diesel, combustóleo y energía eléctrica, con la finalidad de impulsar la productividad y desarrollo de las actividades agropecuarias.
Sin embargo, aseguró Wong Pérez, los beneficios de esta ley no han llegado a la mayoría de los productores, como consecuencia de que su reglamento no se ha publicado, por lo que los productores de Chihuahua no han sido beneficiados con las tarifas preferenciales, lo que ha propiciado que al no pagar la energía eléctrica la CFE en distintas regiones ha suspendido su servicio a cientos de pozos agrícolas, poniendo en riesgo la producción.
Apoyo a diesel marino
Otros dos puntos aprobados se presentaron el 25 de septiembre por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El primero para exhortar al Poder Ejecutivo, específicamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a otorgar apoyos con el fin de que el precio del diesel marino sea equivalente al precio del diesel agropecuario, como medida de respaldo e impulso al sector pesquero. Asimismo, para evitar que se desvíe combustible al mercado negro se propone que se establezca un esquema similar al del diesel agropecuario, es decir, con un padrón de beneficiarios y límite de consumo.
Se argumentó que la actividad pesquera representa el único sustento para cerca de 50 mil familias en el país, sobre todo para aquellas ligadas a la pesca de altamar en todas sus modalidades, como son la pesca de camarón, escama, sardina y tiburón, entre otros, y es fundamental para el desarrollo de las economías locales en todos los puertos de altura y cabotaje del Pacífico mexicano, el mar de Cortés y el Golfo de México.
El segundo punto de acuerdo aprobado es para exhortar al Ejecutivo federal para que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo (ANAC) extienda su vigencia al 31 de diciembre del presente año. Esta comisión se reuniría una vez al mes y contaría con la participación de los secretarios de Gobernación (Segob), Sagarpa, de Economía (SE), de Reforma Agraria (SRA) y Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los pendientes
Los cuatro puntos de acuerdo pendientes de analizarse y aprobarse son: el que presentó el 30 de septiembre de 2003, el diputado perredista Adrián Chávez Ruiz para exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a poner en marcha una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California. Se turnó a la Comisión de Pesca.
En el punto de acuerdo se exhorta a la Conapesca para que autorice a la brevedad la recepción de avisos de arribo que permita a los productores de camarón en Sinaloa comercializar sus productos, actualmente ubicados en bodegas.
Los pescadores del país atraviesan por una de las mayores crisis de los últimos 20 años como resultado de la aplicación del modelo neoliberal que ha dejado a millones de mexicanos en la miseria. Dentro de la diversidad de conflictos en el sector pesquero uno de los más agudos es el que año con año transita la pesquería de camarón en el golfo de California, problemática que las autoridades han permitido llegar a niveles inmanejables por falta de visión y voluntad del gobierno federal, expuso Chávez Ruiz.
Revisar Procampo
El segundo punto de acuerdo pendiente es el que presentó, el 9 de octubre, el diputado priista Víctor Hugo Islas Hernández para que el gobierno federal, con la participación de los productores rurales y los legisladores federales, inicie un proceso de revisión de Procampo, con el fin de que este programa retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza de muchos mexicanos, proveyéndolo de mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de 2004. Además de fortalecer su capitalización compensando las desventajas de los productores del campo frente a nuestros socios comerciales. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Una causa de la crisis del campo es la fragilidad de los programas de compensación social en el campo, afirmó Islas Hernández, quien planteó que el Procampo pretende apoyar directamente a más de 3.3 millones de productores, sin embargo, 2.2 millones permanecen al margen de cualquier apoyo.
La estructuración del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante la primera década y gradualmente decrecientes a partir del undécimo año. No obstante, las metas del programa no se han cumplido ya que abarca sólo a una parte de los productores, en virtud de que ha representado sólo un auxilio económico lleno de burocratismos y controles, por lo que no ha podido ser un medio para incidir en un incremento de la producción y pasar a otras etapas de desarrollo, dijo el legislador.
El 21 de octubre, el diputado priista Carlos Osvaldo Pano Becerra presentó el tercer punto de acuerdo pendiente de aprobar, el cual tiene como fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que adopte las medidas necesarias, a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que conforman la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca. Se turnó a la Comisión de Economía.
En las consideraciones el legislador destacó que 53 por ciento de la producción de energía eléctrica nacional bajo el sistema hidroeléctrico se genera en los estados de la frontera Sur (Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas). Indicó que en Chiapas se producen 17,342 gigavatios, lo que le permite a la CFE contar con la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos de los usuarios del territorio nacional y de la planta productiva que mueve la economía.
Agregó que las entidades que conforman la frontera sur más los estados de Veracruz y Oaxaca, le han entregado a México miles de hectáreas de sus mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y estabilidad agraria para la construcción de las presas hidroeléctricas, por lo que sus habitantes esperan del gobierno federal recursos, señales de apoyo que les permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, sostenido y progresivo.
Finalmente, el 28 de octubre, el diputado perredista Víctor Suárez Carrera presentó, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal con el fin de que se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) lleve a cabo el octavo censo agropecuario. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En las consideraciones el legislador destacó que la planeación agropecuaria ha sido proscrita en México desde hace dos décadas por instrucciones de los intereses externos. De igual manera, no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente a 2001, debido a la falta de recursos presupuestales, cuyo monto es del orden de 1,200 millones de pesos, interrumpiendo el ciclo iniciado en 1930.
Consideró que todo país que se respete, que tenga autonomía y un claro proyecto de nación, tiene información y estadísticas agropecuarias estructurales, y con esta base formulan planes y programas de desarrollo a mediano y largos plazos, tal es el caso, por ejemplo, de la ley agrícola multianual como la Farm Bill en Estados Unidos.
Finalmente resaltó que sin la información del Octavo Censo Nacional Agropecuario no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una Ley Multianual de Planeación Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, compromiso fundamental para sentar las bases para una nueva política hacia el campo.
