Legislación Ambiental

Plantean legisladores reordenar mercado azucarero

En México la agroindustria de la caña de azúcar es una actividad productiva no sólo de carácter histórico, sino también de interés público y social.

Sin embargo, hoy en día atraviesa por una severa crisis, derivada de la falta de planeación, apoyo económico y programas por parte del gobierno federal, así como por la competencia desleal de Estados Unidos, en virtud de que no se han respetado los acuerdos en esta materia suscritos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a lo cual se aúnan los elevados costos de producción en el país, a diferencia de las naciones competidoras en donde por el uso de tecnología disminuyen sus precios.

La actividad azucarera participa en la economía nacional con el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y proporciona el sustento a más de 440 mil familias en forma directa, mediante empleos permanentes y temporales, las cuales están asentadas en 227 municipios de 15 estados de la República, en donde más de 2.5 millones dependen de esta agroindustria, por lo que su debacle sería catastrófica para el país, informó el legislador panista Diego Palmero Andrade.

Con la operación de 60 ingenios, México ocupa el séptimo lugar de producción entre más de un centenar de países y la octava posición en cuanto al consumo con 42 kilogramos anuales per cápita. De la producción nacional 58 por ciento se canaliza a la industria, 32 por ciento al uso doméstico y 10 por ciento se destina al mercado internacional.

En este contexto, el 14 de octubre de 2003, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que presentó el diputado priista Marco Antonio Torres Hernández para solicitar al secretario de Economía explique, ante las comisiones correspondientes, el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en octubre pasado. Además, la Secretaría de Economía (SE) tendrá que presentar un balance nacional de edulcorantes que permita prever las opciones en el caso de déficit o excedentes de azúcar que se presenten en la zafra 2003-2004.

Según los agentes de esta cadena productiva, existe un déficit de azúcar refinada en los próximos meses, por lo que el gobierno federal autorizó la importación de 112 mil toneladas de azúcar refinada. No obstante que en la zafra 2002-2003 se tuvo una producción de 56 mil toneladas más de azúcar con respecto del periodo 2001-2002, por lo que se produjeron cuatro millones 927,574 toneladas de azúcar. Mientras que el consumo nacional aproximado fue de cuatro millones 850 mil toneladas de azúcar, según datos de la SE.

De acuerdo con la información de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC), el pasado 1 de octubre de 2003 llegó a Veracruz el primer embarque proveniente de Brasil con 15 mil toneladas de azúcar refinada importada por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).

El legislador explicó que en el caso de que estas medidas sean de carácter especulativo, por intereses particulares en el comercio de edulcorantes, las consecuencias negativas pueden ser de gran impacto en la agroindustria azucarera nacional, ya que uno de los resultados sería que México pierda su condición de productor superavitario dejando sin efecto el compromiso suscrito en el TLCAN de absorber los excedentes de azúcar, al tiempo que abre la posibilidad de retomar la importación de alta fructosa que tanto ha afectado a la actividad agroindustrial, sucumbiendo a las presiones ejercidas por congresistas y representantes de la industria maicera de Estados Unidos.

En este sentido, el diputado del Partido Verde Ecologista Cuauhtémoc Ochoa Fernández prevé que en la importación del azúcar se ejercerán prácticas de comercio poco ventajosas para el consumidor nacional, ya que los precios de adquisición son de 228 dólares por tonelada, las que son revendidas, por medio de los ingenios, a 727 dólares, con una ganancia de 500 dólares por tonelada, por lo que se obtendrán 56 millones de dólares, es decir, más de 616 millones de pesos.

Asimismo, la Comisión de Agricultura y Ganadería tendrá que analizar un punto de acuerdo, a fin de considerar la situación que vive la agroindustria de la caña de azúcar para la planeación y proyección de su futuro en el marco legislativo, el cual fue presentado el 9 de octubre por el diputado panista Diego Palmero Andrade.

En este acuerdo se establece que se haga una revaloración sustancial sobre la situación que vive la industria azucarera y se requiera al FEESA presente un informe puntual de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar. Además de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el FEESA rindan un informe del estado que guardan los ingenios administrados por el gobierno y la utilidad que de ellos se ha desprendido.

El legislador Palmero Andrade recordó que la industria azucarera se ha caracterizado por el elevado costo tanto de la caña, como de los procesos de transformación, por lo que su precio en México es superior a los del resto del mundo. Precisó que en México el costo de la tonelada de caña es de 32 dólares, mientras que en Estados Unidos es de 25.6, en Brasil de 12 y en Guatemala de 11.3.

Añadió que con la apertura comercial el azúcar enfrenta una mayor competencia con la fructuosa, debido a la falta de modernización de los ingenios, en virtud de que el costo de reparación de los mismos ha sido muy elevado, aunado a ello, dijo, la falta de usos alternativos del cultivo, como el etanol o la cogeneración de energía, ha dado lugar a una escasa participación en el mercado internacional. En esta línea, puntualizó que la desregularización del mercado ha quedado en una situación vulnerable frente a los países que ya cuentan con estas medidas de uso alternativo.

Por su parte, el legislador priista Carlos Blackaller Ayala comentó que el Ejecutivo federal ha anunciado líneas de acción para una política nacional. Sin embargo, lo exhortó para que no expida ningún decreto unilateral que violente, afecte o altere las condiciones y relaciones entre los participantes en el sistema producto caña-azúcar y que cualquier modificación a los actuales ordenamientos sea producto del consenso y de los acuerdos.

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