Las reformas de “primera generación” implantadas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que se centraron en la estabilidad macroeconómica, liberalización sustancial del comercio externo y una orientación de mercado, han tenido “mediocres” resultados en la región, donde el número de pobres aumentó 40 millones en el periodo 1986-96, la desigualdad se acentuó y el crecimiento per cápita fue menor al 1.5 por ciento por año.
En materia agrícola se observó un crecimiento de casi 3 por ciento cada año que, sin embargo, está asociado a una creciente pobreza y desigualdad de la población rural, así lo expuso José María Caballero Romero, economista agrario líder para América Latina del Banco Mundial.
Al participar en el Primer Simposio Internacional “Los Retos de la Agricultura del Siglo XXI”, organizado por la Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, el representante del organismo internacional explicó que estos magros resultados hacen evidente que la estabilización macroeconómica y liberalización son condiciones necesarias pero no suficientes para el desarrollo.
Consideró que en dichas reformas faltó una “agenda microeconómica” para reducir desigualdades de acceso a servicios, infraestructura, activos económicos y oportunidades y mejorar el funcionamiento de mercados de bienes y de factores (tierra, mano de obra y financiamiento).
Por ello, el representante del BM agregó que es necesario impulsar reformas de “segunda generación”, donde los gobiernos reconstruyan su presencia en investigación agropecuaria, extensionismo, inversión en infraestructura física, con un enfoque de fomento productivo a campesinos de pequeña escala.
José María Caballero consideró que es necesaria una estrategia de desarrollo rural porque la agricultura, agroindustria y economía rural noagrícola contribuyen en forma importante al PIB, el empleo, y las exportaciones de América Latina y el Caribe.
Tras señalar que la población rural en dicha región permanecerá estable al ubicarse en 128 millones en 2000 y 126 millones en 2020, advirtió que la pobreza rural es “desestabilizadora”, por lo que urgió a impulsar una “agenda rural revitalizada”, que es crucial para la reducción de este flagelo y puede permitir integrar a los pobres rurales al crecimiento, la democratización y la globalización.
Entre las prioridades, dijo Caballero Romero, están mantener la estabilidad macroeconómica y políticas de comercio y sectoriales que apoyen al sector; promover la productividad y competitividad de la agricultura y la economía rural en general; mejorar acceso de los pobres a servicios, infraestructura, mercados y tecnología; así como fortalecer activos y derechos de propiedad de los más pobres, tierra, capital humano y activos financieros.
En el marco del simposio, al que asistió el presidente Vicente Fox, tanto el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, como el presidente de la Fundación, Roberto González Barrera, defendieron la permanencia del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que el Ejecutivo se propone desincorporar.
