Reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para volver a la redacción anterior a la contrarreforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari en 1991 y establecer con claridad los principios históricos de la propiedad ejidal y comunal, así como a lo que se define como inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible, con el fin de solucionar, en parte, la problemática del campo, es una iniciativa que se analizará en la Cámara de Diputados a propuesta del perredista Ramón León Morales.
El legislador argumentó que Salinas de Gortari constituyó en la segunda mitad de su gobierno una mayoría calificada en el Congreso, para llevar a cabo reformas constitucionales en detrimento de conquistas sociales. En ese terreno ubicó las contrarreformas constitucionales de 1991 al artículo 27, que terminaron de exacerbar la crisis del campo mexicano.
Desmantelar la capacidad del campo fue la verdadera intención oculta de esas reformas aprobadas en tiempo récord, sin análisis y sin medir las consecuencias que se generarían. Se argumentó que al aprobarse la iniciativa se iba a capitalizar el campo, pues se superarían las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la asociación, las escalas de producción adecuadas.
En esa reforma se plantearon cambios para terminar por decreto con el reparto agrario; revertir el minifundio en el campo, mediante la eliminación de impedimentos a las sociedades mercantiles y sociedades por acciones en la propiedad de producción rural; flexibilizar las normas para cambiar el uso agropecuario; fragmentar la propiedad social, ejidal o comunal, al establecer que son tierras de ejidatarios y comunales, y dejarles a ellos las decisiones sobre su manejo.
Sin embargo, anotó Ramón León Morales, a casi 12 años de esta reforma, al evaluar los resultados se encuentra que el campo en México atraviesa por la peor crisis de su historia, se acabó el reparto agrario, se exacerbó la descapitalización del agro y los ejidatarios por necesidad han tenido que vender sus ejidos y emigrar a Estados Unidos. Además, dijo, a la realidad de pobreza extrema de millones de mexicanos, se suman las políticas agropecuarias erróneas, en virtud de que sólo se ha apoyado a las grandes empresas con capacidad de exportación.
El agro nacional es un sector abandonado a las fuerzas del mercado bajo el mayor engaño neoliberal de que precisamente el mercado determina el mayor reparto de capital. Añadió León Morales que a esta situación adversa se agregan las barreras comerciales, la competencia desleal y las medidas proteccionistas de Estados Unidos.
Por la cantidad de población que depende de la actividad agropecuaria, por la gran dependencia alimentaria del exterior que en la actualidad tiene nuestro país, que amenaza a la soberanía nacional, el problema agropecuario es un asunto de seguridad nacional.
En la actualidad las estructuras políticas son las mismas en lo fundamental, sin embargo, en lo social se retrocedió en programas de gobierno y en diseño normativo.
El legislador perredista abundó que los gobiernos neoliberales, incluyendo al actual, no son más democráticos que los anteriores, pero sí más injustos desde el punto de vista social.
Por lo anterior, según el legislador, la otra parte de la solución corresponde a la exclusión o renegociación en términos más equitativos del Apartado Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y al cambio de la política agropecuaria hacia el apoyo y fortalecimiento del campo y los productores.
