Ante la crisis que enfrenta el sector ganadero mexicano por la importación excesiva sin aranceles y sin restricciones sanitarias para Estados Unidos, la competencia desleal vía el contrabando técnico, la falta de créditos y las sequías recurrentes, legisladores propusieron imponer un arancel de 30 por ciento a la importación de carne de bovino, a fin de regular el ingreso de este producto
En febrero pasado, Fidel Herrera Beltrán, senador priista, argumentó que el Ejecutivo federal tiene facultades establecidas en el artículo 40 de la Ley de Comercio Exterior, para crear, aumentar, distribuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente.
Además, agregó, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos responde a la necesidad de regular los efectos de la apertura comercial y proteger la economía del país y de sus productores agropecuarios, por medio del Artículo 131, en el que se establece que es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional cuando se estime urgente y de emergencia.
En este sentido, estableció que el Ejecutivo tiene facultades para aumentar, distribuir, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio interior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.
El legislador explicó que de 1995 a la fecha han quebrado la mayoría de las instalaciones de ganadería productiva empresarial, entran en crisis las de carácter medio y prácticamente desaparece la ganadería social y ejidal, por los problemas de falta de financiamiento, litigios de las carteras vencidas, adjudicación de ganado y ranchos por las instituciones bancarias (Fobaproa e IPAB), la disminución del flujo de los créditos bancarios a las actividades primarias productivas, la importación excesiva de carne, la falta de precio para la carne y leche mexicanas. Esta crisis afecta a todos los productores ganaderos del país, pero especialmente a los de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca.
Recordó que en 1995, 1996, 2000 y 2001 la ganadería de México enfrentó sequías extraordinarias, por lo que los productores se ven obligados a eliminar el ganado que no pueden alimentar. Esta condición se conjuga con la imposibilidad de acceder a nuevos créditos bancarios, por lo que se desarrollan las carteras vencidas.
Por si fuera poco, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos inició el 25 de febrero un nuevo programa, bajo el cual otorgará 752 millones de dólares adicionales a pagos directos a ganaderos que fueron afectados por las sequías de 2001 y 2002.
En este contexto, el 19 de febrero, el diputado César Horacio Duarte Jáquez (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adición al artículo 283 de la Ley General de Salud en nombre de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del estado de Chihuahua.
En ésta se establece que:
Artículo primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 283 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 283. Corresponde a la Secretaría de Salud (Ssa) el control sanitario de los productos y materias primas de importación y exportación comprendidas en este título, incluyendo la identificación, naturaleza y características de los productos respectivos. Corresponde a las entidades federativas verificar que las especies, productos, insumos y equipos agrícolas vegetales, pecuarios, acuícolas y pesqueros que se pretendan introducir al país cumplan con la normatividad correspondiente y, en su caso, se constate su condición sanitaria y su inocuidad.
La dudosa vigilancia de la Dirección de Aduanas en los puertos de importación, así como el llamado contrabando documentado que inunda a los estados productores, genera riesgos de salud por no cumplir con las normas necesarias.
Investigación en porcinos
El senador Orlando Paredes Lara (PRI) propuso un punto de acuerdo para que el gobierno federal continúe y no desista en la investigación que inició y haga uso de todas las facultades e instrumentos con los que cuenta, para que los porcicultores mexicanos vean resueltas sus demandas, haciendo caso omiso de las declaraciones de coacción y amenaza con las que algunos legisladores estadounidenses se han conducido.
Lo anterior, en virtud de que a finales del año pasado, porcicultores mexicanos proporcionaron elementos económicos y jurídicos necesarios ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía (SE), para iniciar la investigación correspondiente por prácticas desleales contra seis fracciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos.
Denunció que después de que se anunció que se iniciaría la investigación, el senador estadounidense Charles Gradly envió una misiva al secretario de Economía mexicano para que sin retraso se diera por concluida la investigación antidumping. Consideró inadmisible que burlando los canales formales de la diplomacia, legisladores estadounidenses coaccionen a las autoridades bajo la amenaza de una guerra comercial.
No obstante, dijo, a la par y ante la posibilidad de lograr un acuerdo, productores e industrializadores de ambos países se reunieron para aprobar puntos de cooperación para la detección y sanción de empresas que comercialicen productos fuera de norma de calidad, así como apoyos por parte de las autoridades estadounidenses para mejorar las exportaciones hacia Estados Unidos.
Los elementos por los que se inició la investigación y que la SE aceptó, el 7 de enero pasado, comprenden un periodo de análisis de los efectos en los que se estudia la venta de diferentes cortes de cerdo por debajo de su valor normal. Situación sancionable de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior y el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Señaló que lo anterior está provocando un daño a la producción nacional, ya que al incorporar productos de bajo valor en el mercado nacional el precio del cerdo ha caído de manera sostenida aproximadamente 30 por ciento, y ello ha repercutido en la rentabilidad de las exportaciones porcícolas.
Además, agregó que existe una amenaza de daño en las exportaciones de México, ante la expectativa de producción estadounidense que incrementó sus inventarios, en particular de pierna de cerdo, además de la restricción de su principal mercado de exportación, derivada de la imposición de una salvaguarda.
