Rodolfo Stavenhagen, relator especial del la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió a los tres niveles de gobierno mexicano respetar la decisión de los miles de comuneros que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
En el poblado Aguacaliente, ante unos dos mil integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), el funcionario afirmó: “El gobierno mexicano tiene la obligación de cumplir con la protección de los derechos humanos de los pobladores, como el derecho a la tierra, a la subsistencia, a la libre consulta y a la participación.”
En su recorrido de cuatro días por Guerrero, Stavenhagen arribó a la comunidad Garrapata, municipio de Acapulco, uno de los poblados opositores a la construcción de la presa La Parota. El comisario ejidal, Pedro Valente Gatica, advirtió al enviado de la ONU: “Sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras.”
Posteriormente, en Aguacaliente, municipio de Acapulco, escuchó los testimonios de representantes de varias comunidades. Ahí, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, asesor del CECOP, narró a Stavenhagen la lucha de los opositores a la hidroeléctrica.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec —también en Acapulco—, Alfonso García Vázquez, dijo que él y sus vecinos están “cansados de tantas mentiras de los gobiernos federal y estatal”, y le pidió “que le jale las orejas al presidente Vicente Fox y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que han tratado de imponer las cosas como si estuviéramos en los años cuarenta”.
El relator de la ONU escuchó los relatos de los comuneros de Arroyo Verde, Salsipuedes, Amatillo, La Palma, Cacahuatepec, El Carrizo, El Cantón y Guamuchilitos, entre otros poblados, que se manifestaron contra el proyecto.
El campesino Evaristo Mendoza Ramírez leyó al relator de la ONU un comunicado del CECOP, en el cual resumió los tres años de lucha y resistencia del movimiento. “Ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni los gobiernos federal y estatal han logrado despojarnos de nuestras tierras, no han logrado quitarnos el agua del río Papagayo. Desde aquí les decimos a los del poder que no les permitiremos consumar el despojo”, destacó.
Evaristo Mendoza sostuvo que las autoridades de la Procuraduría Agraria, del Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y diversos notarios “se vendieron a la CFE” al declarar válidas las asambleas comunitarias sobre La Parota. Además, llamó “mercenarios” a maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero, a diputados, regidores y otros servidores públicos, a quienes la CFE y autoridades federales “compraron sus conciencias”.
“Para nuestros pueblos el proyecto hidroeléctrico La Parota está cancelado. La decisión de nuestro pueblo ha sido retomada por cientos de organizaciones en México, América Latina y el resto del mundo, y la respaldan 25 mil campesinos amenazados con el desalojo y 75 mil labriegos cuyas tierras quedarán desertificadas río abajo”, leyó Mendoza Ramírez.
En su oportunidad, Maximiliano Aparicio, de 72 años, campesino de la comunidad El Carrizo, manifestó: “Mis abuelos fundaron este pueblo. Lo digo con huevos y valor: van a pasar sobre nuestros cuerpos, pero este proyecto no va a pasar. Lo digo con franqueza y con huevos”.
Fuente: La Jornada
