La construcción de la presa El Cajón contraviene las resoluciones judiciales emitidas el año pasado por un juez de distrito, ya que no se indemnizó a los ejidatarios y su llenado afecta a las comunidades de la zona, señaló Alicia Castañeda, integrante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), de Nayarit.
Añadió que el presidente Vicente Fox y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desacataron la orden del juez tercero de distrito, quien decretó en 2005 suspender de la obra en beneficio de los residentes de los poblados Cantiles y Los Ciruelos.
La resolución judicial precisa que el embalse debería construirse una vez que se resolviera el juicio, pero el gobierno federal desobedeció la orden.
Castañeda explicó que lo más grave es la situación de 58 familias de Los Ciruelos, donde radica una población flotante en extrema pobreza que tiene que salir del poblado en busca de trabajo.
El embalse comenzó a llenarse el pasado 15 de julio, aunque la ceremonia oficial, con la presencia del presidente Vicente Fox, se realizó el 24 de julio. Esta decisión ha generado la inundación de las viviendas de este poblado.
Reubicación unilateral
Los habitantes de Los Ciruelos discutieron con la CFE la reubicación, pero fue la paraestatal, de manera discrecional, la que eligió el sitio al que fue trasladada la población.
Esta decisión, señaló la dirigente, está afectando la economía de los pobladores, debido a que los árboles de ciruela —cosecha de la que obtienen sus principales ingresos— se perdieron con la inundación y el suelo de la comunidad a la que fueron trasladados no es apto para este cultivo.
El terreno de la zona está formado por peñascos y jal, que es la espuma que arroja el volcán Ceboruco, con la cual se construyeron las nuevas viviendas.
Además, la construcción de viviendas y la escuela se hizo con “descuido”, debido a que las paredes y techos están agrietados y los pisos reventados (aunque luego fueron reparados con silicón).
Alicia Castañeda informó también que la cancha deportiva de la escuela está al borde de una barranca, sólo está separada por un alambrado, “que ya está volando”.
Insistió en que las condiciones de las viviendas impiden que la gente acepte el traslado, y expresó que los lugareños tampoco estuvieron de acuerdo en que se construyeran con jal, debido a que este material es poroso y absorbe agua.
Asimismo, señaló que el nivel de la presa ha subido a tal extremo por las lluvias que ya empezó a inundar las nuevas casas. Las viviendas están a 100 metros del nivel máximo de llenado del vaso de la presa y las familias están alarmadas.
Otros riesgos
Castañeda agregó que otro riesgo es que la subida del agua obliga a los animales a buscar nuevos refugios. Esto ha generado que deambulen por la comunidad y que se dé pie a la proliferación de moscos.
“No hay control, y la Secretaría de Salud debería de tomar cartas en el asunto. Sumado a ello, la gente de la población de Cantiles, donde hay alrededor de 70 familias, no han sido indemnizadas”, afirmó.
En Los Ciruelos algunas personas recibieron pagos de 200 pesos por sus árboles y de mil 200 pesos por la cosecha, pero el gobierno “no ha pagado el precio de la tierra, el ganado ni la madera”, señaló.
La superficie expropiada en Cantiles es de 800 hectáreas, mientras en Los Ciruelos es de 20 hectáreas. Castañeda precisó que la CFE ha impuesto sus condiciones en la negociación, aprovechando que gran parte de la gente es analfabeta.
“La empresa se niega a pagar el suelo a precio industrial, a pesar de que la ley así lo establece”, señaló Alicia Castañeda.
El Mapder instalará un campamento para denunciar las violaciones a los derechos de los pobladores, especialmente los de alimentación y vivienda, y para reiterar la inviabilidad de la obra.
Fuente: La Jornada
