El titular de Energía, Fernando Canales, fue acusado de parecer “personero oficioso o promotor del gobierno de Estados Unidos”
Debido a que el titular de Energía, Fernando Canales Clariond, ha promovido la construcción de un complejo industrial energético en Centroamérica fue acusado por Gilberto Ortiz, presidente del Comité Directivo de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de ser vocero promotor del gobierno estadounidense y empresas privadas.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha exigido información detallada sobre dicho proyecto.
“Si la refinería va a ser privada, entonces ¿qué diablos tiene que hacer el gobierno mexicano en ese asunto promocionando a las empresas privadas en Centroamérica? Lo único que interesaría saber a Pemex y al gobierno mexicano es cuánto y a qué precio les venderá petróleo. Hasta se podría configurar una sospecha del delito de peculado, porque se están usando recursos públicos del presupuesto de la Secretaría de Energía para promover el proyecto”, advirtió Ortiz.
En tanto, la senadora priista Dulce María Sauri Riancho presentó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Energía y Relaciones Exteriores “información detallada sobre los compromisos suscritos por nuestro país en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana”.
Demandó también que se entregue una copia a la Comisión Permanente del estudio realizado por una empresa privada para la construcción de la refinería, cuya licitación está anunciada para el 31 de agosto, y cuestionó las posibilidades reales del proyecto cuando se ha omitido la opinión de Pemex, empresa responsable de administrar el petróleo en México.
De acuerdo con la información dada a conocer el martes por la Secretaría de Energía, el proyecto tendría un costo de 100 mil millones de dólares e incluye una refinería, una central de generación termoeléctrica y dos hidroeléctricas, pero sería propiedad de una compañía o consorcio privado, encargado de construir y operar el complejo que forma parte del Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM).
Por su parte, Gilberto Ortiz consideró inexplicable que las autoridades mexicanas anuncien la licitación de una obra de tal costo y magnitud a realizarse fuera de territorio nacional, cuando la única participación de Pemex será venderles petróleo, en momentos en que ni siquiera se tiene la certeza de que pueda garantizarse el abasto del mercado interno a corto plazo por el agotamiento anticipado que registra Cantarell, el principal yacimiento del país.
Para el representante del sector energético de Canacintra, la construcción del complejo centroamericano “en nada beneficia a México, puesto que no se está planteando que se aplique tecnología mexicana o vayan trabajadores mexicanos; tampoco que nuestro país obtendrá precios preferenciales de los productos que se procesen allá, como la gasolina”.
Incluso mencionó que podría configurarse el delito de peculado, ya que dependencias y funcionarios del gobierno del presidente Vicente Fox están promoviendo un proyecto en Centroamérica que no se tiene previsto en el presupuesto de la Federación.
“¡Qué padre que para las empresas convocadas por la Secretaría de Energía se les estén promocionando sus negocios no sólo en México, sino ahora también en Centroamérica! Como si alguna de las grandes compañías que acudieron necesitaran de eso. El secretario está actuando más bien como promotor estadounidense y de esas empresas”, indicó.
Manifestó que sin necesidad de hacer modificaciones constitucionales, el gobierno mexicano podría promover la inversión privada para la construcción de tres refinerías en territorio nacional, y que en conjunto costarían alrededor de 7,500 millones de pesos, “es decir, menos de 10 por ciento de lo que costará el proyecto mesoamericano”.
Criticó que las autoridades actuales se quejen y lamenten tanto de que no se pudieron llevar a cabo reformas estructurales en el sector energético que permitieran la inversión privada y que incluso atribuyan a estas razones el fracaso del proyecto Fénix, cuando en realidad, dijo, si dicho proyecto no pudo llevarse a cabo fue porque el gobierno no dio definiciones claras al sector privado en cuanto al abasto y precio de los insumos que les iba a dar Pemex.
Los funcionarios mexicanos, añadió, generarán “una enorme pérdida para México al promover una competencia contra nosotros mismos, porque hasta ahora no se conocen las ventajas del proyecto centroamericano”, además de prever que podría realizarlo en sí alguno de los grandes consorcios estadounidenses, como Halliburton.
Fuente: La Jornada
