Redacción Teorema Ambiental
La construcción de cuatro edificios de siete pisos en la costa de Nayarit, en el municipio Bahía de Banderas, desató múltiples denuncias de corrupción entre funcionarios de diversos niveles de gobierno debido a que, de acuerdo con vecinos afectados por el desarrollo inmobiliario Aura Arena Blanca, las autoridades ambientales han hecho caso omiso a las presuntas irregularidades legales dentro de la normatividad ambiental.
Para Eric Coufal Díaz Garza, representante legal de uno de los vecinos afectados, la Semarnat incumplió con la ley al autorizar el cambio de uso de suelo de los terrenos, contraviniendo sus propias órdenes además de no actuar cuando se agregó un séptimo piso a los edificios ubicados en la colonia Cruz de Huanacaxtle, a pesar del manifiesto de impacto ambiental que estipula un máximo de seis pisos.
“Durante más de 18 meses a la fecha la impunidad se ha instalado en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit. Profepa y Semarnat han hecho caso omiso de los recursos legales que se han interpuesto oportunamente. La autoridad simplemente no está cumpliendo con su responsabilidad”, explicó el representante legal del señor Jon A. Shirley, ex presidente mundial de Microsoft, quien decidió levantar la denuncia luego de que su residencia fuera afectada por la construcción de los edificios.
De acuerdo con Coufal, el 11 de febrero pasado se interpuso un recurso de revisión ante la delegación de Semarnat en Nayarit para que se declarara nula la autorización del terreno debido a irregularidades en la normatividad ambiental. La respuesta de la Secretaría fue darle cinco días para integrar el expediente y pedirle al demandante una fianza de 20 millones de pesos para suspender las obras.
Entre los daños ambientales que denuncian los afectados están la construcción sobre vialidades y áreas verdes públicas sin autorización, además de que las excavaciones de hasta 10 metros de profundidad causaron daños a una residencia del desarrollo ubicada en el predio contiguo.
Asimismo, el especialista consideró como absurdo el hecho de que a pesar de que la Procuraduría General de Justicia de Nayarit había asegurado el inmueble, la autoridad permitió que se violaran los sellos de clausura de manera impune, debido a un presunto tráfico de influencias.
“El ministerio público no pudo actuar más que en virtud de una orden del procurador. ¿Quién ordena al procurador? Quien lo designa, en este caso el gobernador Ney González Sánchez. ¿Quién ordena al gobernador actuar así? Algo derivado de complicidades inconfesables que se reflejan en la conducta pasiva y la omisión de las autoridades federales de Semarnat y Profepa”, indicó Coufal.
Por otra parte, José Ramiro Rubio Ortiz, subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, indicó que el caso será revisado a profundidad para conocer lo que está sucediendo en Nayarit, según dio a conocer el diario Excélsior a principios de julio.
“Vamos a revisar Bahía de Banderas, toda la bahía, a ver qué está ocurriendo. Hay mucho llamado de atención, la gente denunciando, muchas cosas que están ocurriendo y probablemente sea el próximo sitio que la Profepa se meta a fondo a revisar qué está ocurriendo, como lo hemos hecho en Oaxaca y Quintana Roo”, dijo.
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