Por: MC Carlos Mallén Rivera*
México tiene un potencial intelecto científico. México tiene capacidad de mostrar al mundo portentos tecnológicos. México tiene talento para investigar en múltiples temas; pero también, México tiene una lamentable fuga de cerebros, por el insuficiente apoyo económico y reconocimiento social.
Y tal vez lo más grave, México tiene una enorme necesidad de conocimiento y criterio científico para resolver sus muy acuciantes problemas sociales, económicos y ecológicos.
Sin embargo, muchos científicos mexicanos pese a todas las limitaciones aportan sus conocimientos y esfuerzo para el bien de la nación y de la humanidad. Estos científicos están poniendo el nombre de México en alto a escala internacional.
México goza de infinidad de recursos naturales poco aprovechados o mal explotados, los cuales con el debido desarrollo tecnológico podemos conferirles un alto valor agregado. Por todo esto, México tiene una agenda de política científica muy clara que aún está muy lejos de solventar.
Ante este difícil pero también prometedor panorama, el doctor Arturo Menchaca Rocha, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, presentó hacia finales de 2011 sus recomendaciones para el futuro presidente de México en un texto urgente: El único camino hacia el desarrollo de México pasa por el conocimiento, en el que invita a los ahora denominados “suspirantes” a considerar cuatro elementos cardinales: Mejorar la calidad de la educación básica en ciencia, incrementar la producción de los recursos humanos del más alto nivel para ciencia y tecnología, elevar la prioridad gubernamental, y aumentar la inversión. Se trata de otorgar al país una oportunidad de tener un desarrollo científico que le posibilite convertirse en una sociedad más justa, equitativa y educada.
La ciencia en el aula
México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que destina el mayor gasto público a la educación, sin embargo, en otro famoso comparativo de la OCDE, sobre el rendimiento del alumnado, denominado escala PISA (Programme for International Student Achievement), ocupa el penúltimo lugar en ciencia. Una educación elemental de mala calidad impacta en los ciclos educativos superiores y limita la competitividad tecnológica. Y aunque numerosas instituciones hacen esfuerzos por avanzar en este rubro, ofreciendo apoyo a profesores y alumnos, la magnitud del problema (30 millones de alumnos y dos millones de maestros) es tal, que los logros son parciales y locales. Se exige una nueva visión de la educación básica, que ponga un mayor énfasis en el razonamiento más que en la memorización.
La primera premisa es que una población educada en ciencia, es requisito para aspirar a un autónomo desarrollo científico, enfrentar el problema con una visión de Estado. Un gobierno que ambicione un impacto mayor en la calidad educativa debe implementar un programa agresivo iniciando por la educación misma de los profesores, revisando los programas desde su concepción pedagógica de la divulgación de la ciencia, asimismo, implementar un sistema efectivo e independiente de certificación docente, estimulando la excelencia en la enseñanza científica.
Más científicos de última generación
Otro índice preocupante es el bajo número de investigadores disponibles, así como la baja reproducción de esta comunidad, problema que surge de una oferta educativa que disminuye conforme se avanza en los estudios, pasando de coberturas cercanas a 100 por ciento en la educación básica, a 60 por ciento en la educación media, y a 30 por ciento en la educación superior.
Más allá de la cobertura, en el nivel educativo más alto —maestría y doctorado— también existe una baja eficiencia de las instituciones educativas, en parte debida al virtual congelamiento de plazas para investigadores que desanima a los potenciales jóvenes investigadores. Y pese a los esfuerzos del Conacyt, a través de sus políticas de becas, estandarización de programas educativos y de mejora en la eficiencia terminal, aún se está lejos de las metas que pondrían al país en los niveles que corresponden a su economía.
Actualmente se otorgan cerca de tres mil doctorados al año en México, la mitad de Brasil —país que proyecta en una década incrementar su producción de doctores en 15 mil al año—. El reto involucra incrementar la eficiencia de las universidades y politécnicos para formar doctores. Baste recordar que sólo uno de cada diez mil jóvenes llega al nivel más alto de educación, la misma probabilidad de ganarse la lotería. Una meta sexenal alcanzable es duplicar este número, igualando así la producción per cápita de Brasil (nótese que el referente es este país sudamericano y no el resto del BRIC como China o la India). Se trata de pasar de un doctorado a dos por cada 100 licenciados, meta que no puede quedar a cargo exclusivo del Estado, debiendo participar cada vez más la iniciativa privada; sin embargo, volviendo a la OCDE, ésta señala la pobre participación de las empresas mexicanas en la generación de tecnologías, lo que refleja la debilidad de sus programas de innovación.
Así, vemos que la política de estatización de plazas para investigación en el sector público ha generado una caída dramática en el número de los ex becarios de Conacyt que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores SNI, pasando de 850 en el año 2000, a 109 en 2007. También vemos que en fechas recientes el SNI crece en poco más de mil miembros al año, lo que comparado con los tres mil doctorados anuales, implica que cerca de dos mil jóvenes doctores no encuentran trabajos adecuados a su grado.
El país requiere la creación de nuevos polos de desarrollo tecnológico, con sus respectivos centros de investigación públicos y privados. Dar un mayor acceso a la empresa a las nuevas tecnologías, es inviable de no prever la producción de los recursos humanos en los grados más altos de especialización. Un gobierno que aspire a hacer un cambio efectivo en este rubro, debe iniciar por incrementar la oferta educativa en los niveles medio y superior, adaptándola a la realidad poblacional. No menos importante, es enfrentar con mayor eficiencia la formación de esta fuerza de trabajo altamente calificada, la cual para ser realmente de calidad, debe estar íntimamente ligada a la investigación científica y tecnológica.
La ciencia es una cuestión de seguridad nacional
La atención de los distintos niveles de gobierno hacia la ciencia ha disminuido en la última década. En 2002 se promulga la Ley de Ciencia y Tecnología, que constituye al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico como el órgano que define la política del Estado en la materia, y que debe reunirse dos veces al año. Sin embargo, éste únicamente se reunió en tres ocasiones en el sexenio 2000-2006, empero sólo una vez en los cinco años que lleva el actual régimen, sirva de comparativo que el presidente Felipe Calderón encabezó el 29 de febrero de 2012 la 32 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Otro ejemplo es que durante la primera mitad del periodo presidencial de Vicente Fox sus informes anuales trataban a la ciencia como un tema dentro de la categoría de desarrollo humano y social. Sin embargo, durante la segunda mitad de ese gobierno, este “tema” se degradó a “subtema”, dentro de la misma categoría.
En el presente sexenio, la ciencia y la tecnología siguen siendo un subtema, pero ahora asociadas a la categoría de Economía competitiva y la Generación de empleo. En la práctica, la reorganización de la Secretaría de Educación Pública ocurrida en 2005, eliminó la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como la de Educación Superior e Investigación Científica, sin crear un equivalente en la Secretaría de Economía, que desde entonces se encarga de la tecnología y a la innovación a través de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, desapareciendo así las “palabras” ciencia y tecnología del organigrama.
De lo anterior se deduce que los gobiernos recientes pasaron de una ciencia vinculada con la educación, a un organigrama que sólo considera el potencial económico de la tecnología, sin ciencia. Esto se deriva del intento de unificar a la ciencia y a la tecnología en alguno de estos dos sectores, cuando la primera está más relacionada con la educación y mientras la segunda con la economía. Si bien la concatenación ciencia-tecnología es deseable, los sectores educación y economía tienen un interés desequilibrado y exacerbado.
Así, el propósito reciente por generar innovación y empleo a partir de la tecnología, deja a la ciencia básica “como un espectador no-bienvenido, lo que genera más tensión que colaboración, entre científicos y tecnólogos”.
Un verdadero cambio exige otorgar a la ciencia una preponderancia en el organigrama del Poder Ejecutivo de la Unión, instituyendo una Secretaría de Estado para este ramo, como han hecho Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Cuba —por cierto, el desplome de la economía española llevó a la cancelación de su ministerio de ciencia, lo que está constituyendo un autentico drama y trauma en el mundo científico—. Esta nueva secretaría debe elevar a nivel subsecretarial el fomento a la formación de recursos humanos de alto nivel, así como retomar las problemáticas asociadas al fomento de la investigación. También se debe reconocer, en este nivel de gobierno, las diferencias entre la investigación tecnológica, y la innovación y la competitividad. Algunas de estas subsecretarías deberían tener una estrecha colaboración con las subsecretarías de Educación Media y Superior de la SEP, mientras las otras lo harían con las secretarías consumidoras de tecnología (Sedena, Semar, SE, SSP, SCT, Semarnat, Sener y Salud), así como con los gobiernos estatales.
Más dinero, mucho más dinero
El analista Sergio Aguayo, tomando un símil científico, dice que “el presupuesto es la política químicamente pura”. Con sus 112 millones de habitantes, México es el undécimo país en ese rubro, así como la decimocuarta potencia económica.
Sin embargo, la inversión pública en ciencia y tecnología, como porcentaje del Producto Interno Bruto, se ha mantenido estancada en 0.35 por ciento (+ 0.05%) durante las últimas tres décadas, colocándonos por debajo de la media entre los países latinoamericanos y del Caribe 0.6 por ciento; en particular de Brasil 1 por ciento, Chile 0.7 por ciento y Argentina 0.5 por ciento, así como entre los dos últimos lugares de la OCDE.
Las estadísticas mostradas en el informe 2009 de ese organismo sobre México, muestran que existe una clara correlación entre esta inversión y PIB. Así, la baja tasa de crecimiento del PIB mexicano en las mismas tres décadas puede considerarse como un ejemplo típico de esa correlación. Es decir, si se invierte poco en ciencia, se crece poco.
Por lo mismo, la primera recomendación de la OCDE es hacer “un reconocimiento político sobre la importancia de las inversiones relacionadas con la generación de conocimiento, que se refleje en un financiamiento apropiado”. A falta de ello, hay variables económicas en las que, más que estancados, hay muestras claras del retroceso. Por ejemplo, el índice de cobertura tecnológica de México (cociente entre lo que exportamos sobre el volumen global de las transacciones) ha disminuido de 0.24 a 0.04 en la última década, tratándose de tecnología, hoy compramos 96 por ciento y vendemos 4 por ciento.
Para ganar hay que invertir, un cambio de impacto en la economía mexicana debe considerar el alejamiento de las políticas de inversión en ciencia de los últimos regímenes, haciendo caso a las recomendaciones nacionales e internacionales. Concretamente, se propone incrementar la inversión pública hasta llegar a 1 por ciento del PIB, como establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
El doctor Menchaca plantea que si la pregunta es ¿en qué se invertirían esos recursos? la respuesta es en lograr una mejor educación científica y tecnológica ligada a la investigación y a la educación superior, duplicar la producción de graduados con doctorado aumentando su contratación y construyendo con ellos los nuevos centros de investigación científica y tecnológica que requiere el desarrollo económico del país, y canalizando los recursos necesarios para becas y proyectos a través de la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología.
* Investigador Titular, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Editor en jefe de la Revista Mexicana de Ciencias Forestales
