Sergio Ampudia Mello
Existen múltiples señales sobre el comportamiento de la economía mexicana para 2010, en cuanto a las medidas que se tomarán para la reducción de sus emisiones de bióxido de carbono provenientes de su producción y consumo de energía, en el contexto del cambio climático.
Más allá del discurso presidencial sobre la posición formal de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la política energética de Estados Unidos y de la Unión Europea va a incidir de manera determinante en los sectores productivos del país en la medida que, con medidas comerciales y no comerciales, los obligarán a reducir el consumo de energía mediante cuotas de reducción o bien mediante la sustitución de fuentes no renovables por renovables.
A pesar de que existe un catálogo extenso de diagnósticos, planes de acción, programas especiales, estrategias nacionales e incluso leyes de cumplimiento obligatorio para la Administración Pública Federal, no hay una propuesta que objetivamente describa cuáles van a ser los incentivos externos e internos que llevarán al país a “descarbonizar la economía” como lo propone el documento marco en materia de cambio climático (Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012), y sí una enumeración larga de metas de reducción cuyo cumplimiento representará un enorme costo para la industria, de no desarrollarse el esquema regulatorio apropiado y la generación de instrumentos económicos que corrijan las fallas de mercado al respecto.
Se podría añadir que no hay ni habrá las condiciones estructurales en lo referente a la economía, para que el costo de la descarbonización sea asumido por otros actores económicos que no sean los empresarios industriales, por las siguientes razones:
Lo que se llama “Descarbonización de la economía” implica una estrategia de migración corporativa de un modo de producción ineficiente en el uso de la energía hacia otro que, compensando la rentabilidad de la producción e incluso aumentándola al reducir sus costos, adopte la tecnología que consuma menos energía (generación distribuida, equipos ahorradores, mejores prácticas, etc.) o bien sustituya las fuentes de energía no renovables por renovables en aquellos casos que económicamente sea factible (solar, autoabastecimiento y cogeneración, principalmente).
Se trata de una nueva manera de producir, en la que podrán subsistir las empresas que puedan cumplir con la normatividad y/o aprovechar los incentivos económicos creados por la formación de nuevos mercados.
Aunque no es todavía obligatorio, la estrategia de reducción que adoptará México será el “Mecanismo de Créditos de un Sector” (MCS), en el cual, a semejanza de las tendencias estadounidenses (Ley Americana de Energía Limpia y Seguridad) se establecerá una “Línea Base” de desempeño energético por sector económico específico que fijará los límites permisibles de emisiones de bióxido de carbono que siempre serán inferiores a las producidas en el escenario que se tendrá en caso de que no se contara con ninguna restricción (Business-As-Usual).
La fijación de la “Línea Base”, es determinante para que las medidas de descarbonización no resulten ruinosas por razones políticas, si son fijadas en un nivel demasiado severo.
Además, como su determinación es técnicamente muy sencilla, a diferencia de otros sectores económicos, la industria cargará con las ineficiencias de otros sectores, especialmente el gubernamental, para cumplir con las cuotas de reducción del país, como sucede con las cargas fiscales.
La “Línea Base” del sector público gubernamental, particularmente el sector federal, es inalcanzable en los términos que se presenta, porque sus estrategias de reducción pugnan con las políticas de adquisiciones y prestación de bienes y servicios, con la disponibilidad de recursos para la adquisición de equipos e instrumentos energéticamente eficientes y con la imagen institucional tradicionalmente dispendiosa en el uso de la energía, entre otras razones.
En consecuencia, por razones de rentabilidad a corto plazo, el gobierno dispondrá especial fiscalización a la industria, en especial a los sectores a que se refiere el artículo III Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) ya que se trata de las actividades más ineficientes en cuanto a uso y reaprovechamiento de energía se refiere, pero en las que se encuentran menos costos marginales para la aplicación de medidas de mitigación de emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera.
Sin embargo, aunque la descarbonización de la economía presente un panorama de amenazas y riesgo, dadas las condiciones estructurales del contexto microeconómico con que opera la ineficiencia energética, también habrá oportunidades para la industria, especialmente la asociada a la producción y venta de equipos ahorradores y de alta eficiencia energética y para aquellos que, previa certificación de su desempeño energético, podrán entrar al mercado estadounidense que resultará de la aplicación de la Ley Waxman-Markey.
