Debido a las contradicciones técnicas al interior de la Semarnat en la evaluación del proyecto turístico del proyecto Cabo Cortés y el riesgo de un grave deterioro en uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del planeta, la Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación a fondo acerca de la autorización concedida a la empresa española Hansa Urbana por parte de la actual administración del presidente Felipe Calderón.
Manuel Hernández
“Cuando vi que el camino que había recorrido toda mi vida estaba todo enrejado me dieron ganas de llorar”, dice Judith Castro Lucero mientras conduce su camioneta por el pequeño camino de terracería que conecta la zona urbana de Los Cabos con el parque nacional de Cabo Pulmo, en la punta este de Baja California Sur. El lugar es considerado como la “reserva marina más robusta del planeta” según estudios recientes. Hoy se encuentra amenazado por el proyecto Cabo Cortés, el cual pretende hacer de este sitio el segundo desarrollo turístico más grande del país.
Un caso emblemático para diversos grupos ambientalistas que han denunciado múltiples irregularidades en el permiso otorgado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la constructora de origen español Hansa Baja Investments en marzo pasado.
“Fue casi de un día para otro. De repente había máquinas por todos lados y nadie entendía qué estaba pasando, hasta que la gente de la comunidad empezó a investigar. Fue así que nos enteramos del proyecto”, cuenta Judith, presidenta de la organización Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, mientras señala algunas torres de vigilancia y un extenso muro de alambre que delimita el terreno de tres mil 800 hectáreas donde la empresa española busca construir 27 mil habitaciones, dos campos de golf, una marina con 490 posiciones y varios centros comerciales. Un proyecto muy superior a los 12 mil 375 cuartos de hotel que actualmente se encuentran disponibles en Los Cabos, de acuerdo con datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Todo esto, en una zona semidesértica con una baja disponibilidad de agua, situación que ha generado algunas tensiones entre las poblaciones vecinas debido a que el permiso otorgado por la Semarnat incluye una concesión de tres pozos para extraer un volumen de 4.5 millones de litros cúbicos al año y la instalación de una planta desalinizadora con capacidad de generar 750 litros de agua potable por segundo y cuyos residuos podrían ocasionar daños irreversibles al único arrecife de coral vivo en todo el Golfo de California.
Además, algunos estudios realizados por investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur sostienen que la aprobación del proyecto Cabo Cortés generaría una explosión demográfica similar a la registrada en Cabo San Lucas y San José del Cabo, lo cual no sólo traería consecuencias devastadoras para los ecosistemas de la región, sino también para los gobiernos locales ante la imposibilidad de satisfacer la demanda de servicios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan a Baja California Sur como la entidad con la mayor tasa de crecimiento de población a escala nacional con 3.95 por ciento anual, una cifra ligeramente superior a 3.9 registrado por Quintana Roo en el mismo periodo.
“No se trata sólo de aprobar un hotel, sino la construcción de una ciudad entera que requerirá escuelas, hospitales, seguridad pública y otros servicios. Por ello estamos tratando de demostrarle al municipio la inviabilidad del proyecto en términos económicos, pues a final de cuentas, todos esos costos tendrán que ser asumidos por el gobierno local”, comenta Judith Castro, quien considera que el proyecto de Cabo Cortés representa una seria amenaza al modelo de desarrollo sustentable que se ha venido impulsando en Cabo Pulmo desde hace dos décadas y que se ha convertido en un referente en el ámbito mundial en cuanto al manejo de los ecosistemas costeros.
Todo comenzó a principios de la década de 1990, cuando los pescadores que durante décadas habían estado asentados en Cabo Pulmo se dieron cuenta de que cada vez tenían que recorrer mayores distancias para atrapar unos cuantos peces cuyas poblaciones empezaban a verse seriamente disminuidas ante fenómenos como la sobrepesca y la contaminación de los mares. Fue entonces que los integrantes de la familia Castro decidieron dar un cambio radical al dejar las redes y apostar de lleno por el ecoturismo como medio de vida.
En 1995 el gobierno federal decretó a Cabo Pulmo como Área Natural Protegida y para 2005 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 2010 un censo elaborado por investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California encontró que el número total de peces en el ecosistema de la reserva se incrementó más de 460 por ciento de 1999 a 2009 gracias a la protección de la comunidad local, una recuperación sin antecedentes a escala global. De ahí que para los habitantes de Cabo Pulmo detener el proyecto de Cabo Cortés se ha convertido en un asunto personal.
“No estamos en contra del desarrollo, pero éste tiene que ir de la mano de la naturaleza”, afirma Enrique Castro, hermano de Judith y mejor conocido como ‘Kiki’, quien relata la manera en que la comunidad se ha organizado para construir una propuesta de desarrollo realmente sustentable y capaz de hacer frente a los embates de los grandes inversionistas. “Nunca imaginaron que 120 personas les harían la vida de cuadritos”, agrega.
