Las inconsistencias
De acuerdo con los especialistas, el problema de fondo en el caso Cabo Cortés se debe a una serie de irregularidades en la manifestación de impacto ambiental en la que se basó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat para aprobar el proyecto a pesar de las violaciones al Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos, además de hacer caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la propia Semarnat, organismos que determinaron que existía poca viabilidad desde el punto de vista técnico para otorgar el permiso a la empresa Hansa Urbana.
En el mismo sentido, un documento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) consideró que además de violar el Programa de Ordenamiento Ecológico, la autorización del proyecto Cabo Cortés no toma en cuenta las afectaciones a especies de flora y fauna amenazadas dentro de la NOM-SEMARNAT-059-2001 ni tampoco el “Principio Precautorio” adoptado por México durante la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en relación con las posibles afectaciones al arrecife de Cabo Pulmo debido a la falta de información detallada en torno al comportamiento de las corrientes marinas.
Aunado a esto, el Cemda considera que la autorización de la Semarnat ignoró la opinión de 22 científicos de 18 instituciones académicas nacionales e internacionales que alertaron a la UNESCO sobre las consecuencias negativas que traería consigo la construcción de un desarrollo turístico masivo en una zona frágil.
Pese a ello, Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, considera que el permiso dado por la dependencia está respaldado por el marco jurídico vigente.
“Lo que la Semarnat autoriza y permite es lo que nos marca la ley, lo que nos dice la Cámara de Diputados lo que podemos hacer. No quisiera poner sobre la mesa si la Semarnat debería actuar en una línea conservacionista al cien por ciento donde todas las demás actividades económicas queden detenidas”, comentó Elvira Quesada, quien durante su quinto informe de labores indicó que hasta el momento no se ha realizado ningún avance de la obra hasta esperar la información completa por parte de la empresa española.
“En el caso Cabo Cortés no ha avanzado ninguna obra porque estamos esperando que la empresa logre entregarnos la información de que todas y cada una de las actividades que desarrollen no tenga ninguna afectación a Cabo Pulmo”, indicó el secretario.
“Lo que sí les puedo garantizar y poner con toda claridad y transparencia es que ningún permiso de los que se ha dado ha tenido algún tipo de presión ni política, social o económica, todo ha sido bajo el marco de la ley”, señaló Elvira Quesada.
Pero no todos están de acuerdo. Para Alejandro Olvera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México, los argumentos utilizados por la Semarnat sólo ponen en evidencia la discrecionalidad con la que se utilizan los instrumentos legales para beneficiar intereses privados en detrimento del interés público.
“La cuestión es que la Semarnat hace uso discrecional de la ley, pues la ley también dice que tienen la facultad de rechazar proyectos. Cualquier cosa que hagan se justifican diciendo que actúan bajo la ley, pero ésa no es una justificación. La labor de la Semarnat es proteger los recursos naturales, algo que no está haciendo al aprobar proyectos como Cabo Cortés o Marismas Nacionales en el sur de Sinaloa”, señala el activista, quien considera incongruente que el gobierno mexicano promueva centros turísticos de gran escala al mismo tiempo que atraviesa por serios problemas para echar a andar grandes desarrollos que resultaron ser un fracaso.
“Es un modelo obsoleto, basado en la especulación financiera. Hay varios proyectos fracasados por parte del gobierno federal como Loreto o la Escalera Náutica, grandes proyectos situados en zonas ecológicamente frágiles que se anuncian con bombo y platillo y que al final del día quedan detenidos”, explica Olvera, quien sostiene que resulta ilógico que el gobierno mexicano haya concedido la autorización de un proyecto tan grande a pesar de los serios problemas financieros por los que atraviesa Hansa Urbana en España.
Esta empresa dedicada a la construcción y el negocio inmobiliario pertenece en su mayoría a la familia Gálea y otras entidades financieras como Cajasol y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), misma que se encuentra en un proceso de rescate financiero por parte del gobierno español luego de los estragos que dejó la crisis económica de 2008. En julio pasado El Banco de España en coordinación con la Unión Europea aprobó un plan de recuperación de dos mil 800 millones de euros y una facilidad de liquidez de tres mil millones de euros para que la CAM pueda recuperar cierta estabilidad.
Hansa Urbana también se encuentra sujeta a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Murcia luego de las presuntas violaciones a la normatividad vigente y algunos supuestos casos de corrupción involucrados en la construcción del proyecto Novo Carthago, el cual consta de seis mil viviendas, dos campos de golf y varios hoteles de lujo en las costas de Murcia.
A pesar de contar con el apoyo del gobierno local para la realización del proyecto, Juan Rafael Gálea, presidente de Hansa Urbana, fue llamado a declarar ante un juez de Alicante en mayo de 2010, ante las sospechas de fraude y otros delitos contra la Hacienda Pública valuados en 6.1 millones de euros, incluyendo la falsificación de documentos por la compraventa de un terreno. Hasta el momento, el proyecto de Novo Carthago se encuentra detenido.
De acuerdo con Olvera, estos antecedentes tampoco fueron tomados en cuenta por el gobierno federal a la hora de emitir el permiso, ni tampoco los señalamientos hechos por diversos medios de comunicación en torno a la supuesta participación de John McCarthy, director del Fonatur durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, en la adquisición de los terrenos donde ahora se pretende construir el proyecto Cabo Cortés cuando todavía era funcionario federal. Tiempo después Hansa Urbana se deslindó de McCarthy a pesar de que fungía como uno de los asesores de la empresa española.
Debido a la serie de irregularidades en el caso Cabo Cortés, Greenpeace presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de dos funcionarios, Mauricio Limón, subsecretario para la Gestión de Protección Ambiental, y Enrique González, director general de la división de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, debido a la manera poco transparente con la que se otorgó el permiso.
Una denuncia que al parecer tuvo efecto en el poder legislativo, ya que algunos días después de la denuncia interpuesta por la organización ambientalista, el Senado de la República alcanzó un punto de acuerdo, promovido por el senador Arturo Escobar y Vega del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la SFP una investigación exhaustiva en lo referente a la autorización del proyecto Cabo Cortés.
“Hay un problema muy severo de acceso a la información en México, a pesar de la ley de transparencia y por ello fiscalizar cosas como las manifestaciones de impacto ambiental, los aprovechamientos de recursos naturales o los permisos que se dan es extremadamente difícil”, sostiene el investigador Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California y consejero de la organización ambientalista WWF, quien considera que copiar un modelo de desarrollo en quiebra como el del Mediterráneo español pone en evidencia la esquizofrenia que existe en la política pública del gobierno federal en materia de medio ambiente.
“Los intereses económicos de corto plazo juegan un papel muy importante en todo esto”, agrega Ezcurra, quien fuera director del Instituto Nacional de Ecología durante el sexenio anterior. “Esto sólo tiene sentido desde una lógica en la que algunas empresas y ciertos intereses puedan ganar mucho dinero en corto plazo”.
Mientras tanto, la filial en México de la constructora Hansa Urbana no pierde la esperanza de poder iniciar la construcción del desarrollo turístico una vez que se haya presentado toda la información solicitada por la Semarnat.
“Cabo Cortés no es un proyecto ni frenado ni estancado, seguimos trabajando para darle cumplimiento a todas las condicionantes que la autoridad de medio ambiente nos indicó”, señaló a principios de septiembre Jesús Guilabert Boyer, director del proyecto Cabo Cortés.
