Carlos Álvarez Flores
Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC
Nuevamente confirmamos lo que hemos estado denunciando en los últimos diez años: los fracasos y ridículos que hace la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ahora dirige mediocremente Patricio Patrón Laviada, al no poder hacer cumplir nuestras normas ambientales a los diferentes actores en nuestro país. En este caso, al gobierno del Distrito Federal. Estamos frente a un caso verdaderamente triste y vergonzoso: el ahora tiradero a cielo abierto denominado Bordo Poniente, que en 1985 podríamos calificar como un incipiente relleno sanitario, cuando no existía ninguna normatividad ambiental que nos ayudara a proteger nuestro medio ambiente del grave impacto que significa un sitio como éste.
Este lugar ya había sido escogido para “tirar” los residuos sólidos urbanos de la Delegación Gustavo. A. Madero, a pesar de que contábamos con dos grandes tiraderos: Santa Fe y Santa Cruz Meyehualco, “controlados” por el Rey de la Basura, el señor Rafael Gutiérrez Moreno, quien ejercía un poder político sobre el gobierno capitalino por lo que significan miles de pepenadores y personal de limpia. Es entonces que el gobierno del DF decide convertir al Bordo Poniente en el nuevo gran relleno sanitario, aprovechando este sitio ya impactado ambientalmente, para restar poderío a Gutiérrez Moreno. Así las cosas, parecía que el gobierno tenía las mejores intenciones de manejar responsablemente los residuos sólidos urbanos (RSU) en el Distrito Federal.
Con el paso de los años, el gobierno capitalino fue paulatinamente olvidando invertir los recursos necesarios para lograrlo. Prácticamente a 25 años de este momento, vemos que el gobierno en turno, no tiene la menor intención de cumplir con lo que la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 señala como fecha de vencimiento, el 30 de junio de 2008, para realizar la regularización o la clausura de los tiraderos a cielo abierto de RSU en nuestro país. Este gigantesco tiradero a cielo abierto, que se calcula debe tener alrededor de 60 millones de toneladas, está ubicado en un terreno de jurisdicción federal, que al igual que el aeropuerto de la ciudad de México y gran parte del antiguo lago de Texcoco que tutela la Comisión Nacional del Agua, son reservas territoriales al servicio de la Federación.
Esta condición es la que precisamente ha generado la controversia, o para decirlo más claramente, el pleito entre el gobierno del Distrito Federal que comanda Marcelo Ebrard Casaubon y el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, las cuales no han podido obligar al gobierno capitalino a cumplir con esta norma ambiental, para salvaguardar y proteger nuestros recursos naturales.
Los gigantescos impactos ambientales causados por más de dos millones 500 mil litros de lixiviados y los de 49.31 millones de metros cúbicos de biogás (metano, CO2 y H2S) que genera diariamente este megatiradero, colaboran al grave calentamiento global, que es la más grave amenaza que tiene la especie humana, y, por supuesto, a la contaminación organoléptica que afecta no sólo a los cientos de pepenadores que materialmente viven en el Bordo Poniente, sino también a miles de vecinos que habitan alrededor de esa zona, sin imaginarnos el grave daño al suelo y sin saber si estos millones de litros de lixiviados que se han infiltrado durante 25 años, pudieran haber contaminado el acuífero superficial.
Pero todo lo anterior tiene sin cuidado tanto a Ebrard como a nuestra ex compañera ambientalista la licenciada en Pedagogía, Martha Delgado Peralta, secretaria del Medio Ambiente del DF; así como al supercoordinador general de la Comisión Integral de Residuos del gobierno capitalino, el antropólogo Fernando Menéndez Garza. Irresponsablemente, estos tres funcionarios, cuyos sueldos cuestan 3.36 millones de pesos anuales a los habitantes del Distrito Federal, siguen burlándose de la federación y de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, utilizando amparos concedidos por un juez federal.
Esta actitud irresponsable del gobierno del DF, es acompañada por un argumento que más bien parece una broma, al decir que no tienen recursos para realizar la clausura y saneamiento del Bordo Poniente, cuando todos sabemos que el señor Ebrard ejerce el presupuesto más grande de nuestro país, como gobierno local, de más de cien mil millones de pesos en este año 2009 y más 20 mil millones de pesos de deuda autorizada por el Congreso de la Unión. En realidad lo que demuestran estos tres funcionarios es su gran desprecio por la legalidad, por nuestros recursos naturales y por la salud de los capitalinos, y como buenos profesionales de la política y burócratas de alto nivel, han hecho una campaña mentirosa engañando a todos con su Programa “Verde” para el DF gastando millones de pesos del erario en viajes al extranjero, dizque para conocer tecnologías de punta, realizando más de cinco foros internacionales de residuos, donde han invitado a decenas de empresas extranjeras expertas en diferentes tecnologías para el tratamiento de los RSU.
En eventos como el Foro Metropolitano de Residuos realizado por el Instituto de Ciencia Y Tecnología del DF que comanda la doctora Esther Orozco los días 12 y 13 de septiembre del año 2007, donde participamos con la Ponencia “La Realidad de la Gestión de los RSU, en el DF” y en donde fue presentado con mucho orgullo el proyecto del Centro Integral de Residuos y Electricidad (CIRE), por Jorge Fernández Treviño, ex director de Simeprode, quien por cierto, fue despedido de su puesto en días pasados. En ese foro tuvimos la oportunidad de criticar los grandes programas verdes del GDF, que anunciaron pomposamente Martha Delgado Peralta y el propio Marcelo Ebrard Casaubon, al principio de su gestión. Y hoy, a dos años y medio de avance del tercer gobierno del PRD, vemos que todo lo prometido, es sólo eso: promesas. En esa ocasión hice la siguiente reflexión: si Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Robles Berlanga y Andrés Manuel López Obrador, de manera irresponsable, no quisieron resolver el problema de los RSU en el DF, ¿por qué habríamos de pensar que Marcelo Ebrard Casaubon lo iba a resolver? Los hechos nos dan la razón: no habrá clausura y saneamiento del Bordo Poniente, como lo exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, ni el aprovechamiento del biogás, ni proyecto CIRE. Lo que nos confirma que los políticos nos mienten y engañan cotidianamente sin que podamos obligarlos a cumplir y a respetar las normas ambientales vigentes, dando un pésimo ejemplo a sus gobernados, que se preguntan: si el jefe de gobierno no cumple con la ley, por qué los ciudadanos deberíamos cumplir con la Ley de Residuos del DF, ¿qué nos obliga a separar la basura en nuestro hogar?
