Sergio Reyes Luján Director Ejecutivo de Medio Ambiente y Seguridad del Instituto Mexicano del Petróleo. Presidente fundador del Instituto Nacional de Ecología
Colaboración especial
Tres son los principales aspectos que han cambiado en relación con el medio ambiente desde hace una década, cuando apareció la revista Teorema Ambiental.
Tres son los principales aspectos que han cambiado en relación con el medio ambiente desde hace una década, cuando apareció la revista Teorema Ambiental.
En primer lugar, había un marcado interés de la población mexicana por los asuntos ambientales, de manera destacada en las ciudades de México y Monterrey. Hoy, este interés ha decrecido de manera notable.
Un segundo aspecto es que la legislación ambiental en nuestro país estaba apenas en desarrollo. Si bien en 1988 el Congreso de la Unión había aprobado la Ley General del Equilibrio Ecológico, también es cierto que sus principales reglamentos y normas técnicas ecológicas estaban en desarrollo y la experiencia acumulada en su aplicación era todavía muy pequeña. Hoy en día tenemos una legislación muy probada, que incluso da muestras de que es necesario renovarla.
En tercer lugar, en el mundo había una mayor presencia de los países desarrollados promoviendo que las naciones en desarrollo completaran sus regulaciones ambientales, con objeto de que los proyectos tipo tratado de libre comercio no presentaran condiciones desequilibradas. Hoy, el interés de algunas naciones desarrolladas, particularmente de Estados Unidos, por mejorar la definición y la regulación de los temas ambientales ha disminuido de manera espectacular a tal nivel que, para muchos, las variables económicas han ganado sobre las de índole ambiental.
Las preocupaciones internacionales
Hace una década en el mundo ya existía una preocupación por prever algunos efectos o daños ambientales generados por el desarrollo económico y el crecimiento industrial. Lo muestra el hecho de que desde 1987 se había aprobado el Protocolo de Montreal, que regula el uso de los CFC. Empezaban a manifestarse algunas preocupaciones por el cambio climático ante la intensa actividad industrial y humana, particularmente por la generación de bióxido de carbono (CO2), pero todavía no se encontraba una manera de involucrar a todos los sectores.
Hoy en día, el reclamo es que todos los países se adhieran al Protocolo de Kioto, que regula la producción de CO2 y busca un compromiso de cada gobierno para reducir las emisiones contaminantes. Empero, esto no ha sido suficiente para convencer a países como Estados Unidos y Rusia para adherirse a dicho Protocolo, por lo que no ha entrado en vigor.
La institucionalización de la gestión ambiental
A mediados de los años ochenta se instituyó la Subsecretaría de Ecología dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Con la institucionalización de las actividades ambientales en el ámbito gubernamental en Sedesol, Semarnap, Semarnat, etc. se fueron requiriendo cuadros. Muchos provinieron de grupos ecologistas, razón por la cual sus actividades se vieron disminuidas.
Esta tendencia tuvo un efecto benéfico. Aquella efervescencia causada por los grupos ecologistas y otras organizaciones no gubernamentales, ahora convertidos en funcionarios públicos, trajo como consecuencia un mayor entusiasmo, al menos, en la gestión ambiental de sus oficinas. El transcurrir del tiempo aportó mayor experiencia a muchos de estos funcionarios, que hoy realizan su tarea en forma exitosa.
Actualización de la legislación ambiental
Son tres los principales aspectos que una legislación como la mexicana debe reflejar. El primero es cómo corresponsabilizar en los hechos a los municipios en el cumplimiento de las variables ambientales, en la aplicación de las regulaciones y la normatividad ambiental, y qué hacer cuando no cumplan con su responsabilidad en esta materia.
Un segundo aspecto es cómo aumentar la responsabilidad social en el análisis de los proyectos productivos a la luz de las variables ambientales. En México tenemos un solo confinamiento de residuos peligrosos estabilizados en el país y parece mentira de que esto no le preocupa a nadie y a las poblaciones les es suficiente con oponerse a su instalación; no les preocupa dónde se están ubicando o tirando la inmensa mayoría de residuos y desechos industriales y municipales. La sociedad debe entender que el decir no a todo proyecto de este tipo trae un costo para ellos mismos.
Un tercer aspecto es que las entidades federativas deben tomar una mayor responsabilidad en la aplicación y la observancia de la legislación, de las regulaciones y la normatividad ambiental. No es posible que la federación tenga la mayor parte de las cargas.
De igual forma, falta robustecer las oficinas públicas relacionadas con el cuidado ambiental, porque la mayoría de ellas tienen una enorme carencia de recursos técnicos, falta de laboratorios e instalaciones y, en muchos casos, de técnicos. Nuestro país todavía, por lo visto, no puede sufragar estos costos.
Creo que todavía no se considera al medio ambiente un asunto de seguridad nacional. No entendería que un gobierno declarara que agua y bosques son un asunto de seguridad nacional y no se le destinaran los recursos para ello.
Un país en vías de desarrollo como México, aun cuando sea la novena o décima economía del mundo, dista mucho de tener los recursos que requiere para atender todas las variables ambientales. La sola atención de la extracción o toma, distribución y tratamiento del agua requiere mayores recursos.
¿Hemos mejorado o estamos peor que hace una década? Estoy absolutamente convencido de que las grandes entidades y empresas públicas y privadas que hace una década provocaban severos problemas ambientales han mejorado de manera espectacular. Además, ahora contamos con instituciones más sólidas, con leyes, reglamentos y normas más apropiadas para nuestras condiciones. Son los dos grandes avances.
Lo que hace falta es mejorar nuestra economía para poderle dedicar más recursos a la aplicación y observancia de la legislación ambiental. Sin duda, el mejoramiento del medio ambiente está vinculado al desarrollo económico del país.
