Iván Restrepo Director del Centro de Ecología y Desarrollo
Colaboración especial
Cada una de las administraciones sexenales ha tratado de imprimir un sello muy especial respecto del medio ambiente. Tal vez los avances más notables desde el punto de vista cualitativo se dieron en el gobierno de José López Portillo, cuando se comenzó a delinear lo que hoy es la Secretaría del Medio Ambiente y hubo avances importantes en el campo legislativo. El otro periodo gubernamental en que el tema tuvo gran difusión fue el de Carlos Salinas de Gortari. México negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dentro de éste había un acuerdo especial relativo al medio ambiente que nos obligaba a ser más cuidadosos y cumplir con ciertos estándares internacionales.
Cada una de las administraciones sexenales ha tratado de imprimir un sello muy especial respecto del medio ambiente. Tal vez los avances más notables desde el punto de vista cualitativo se dieron en el gobierno de José López Portillo, cuando se comenzó a delinear lo que hoy es la Secretaría del Medio Ambiente y hubo avances importantes en el campo legislativo. El otro periodo gubernamental en que el tema tuvo gran difusión fue el de Carlos Salinas de Gortari. México negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dentro de éste había un acuerdo especial relativo al medio ambiente que nos obligaba a ser más cuidadosos y cumplir con ciertos estándares internacionales.
Pero en todos los sexenios ha habido dos preocupaciones principales: el agua y los bosques y selvas. El gobierno del cambio inició precisamente reconociendo los graves problemas existentes en estos dos rubros, íntimamente vinculados porque los bosques son fundamentales para la producción de agua en las montañas y para la conservación de la misma en las partes bajas, para evitar el azolve de ríos, lagunas y lagos. Por primera vez su conservación se consideró un asunto de seguridad nacional. Es cierto, un país que no tenga el paraguas arbóreo adecuado y no disponga de agua suficiente para cubrir las necesidades de la población, de la economía y de los servicios, será cada vez más dependiente y tendrá serios desajustes de todo tipo. El petróleo del futuro será el agua. Las luchas por este recurso definirán el entorno internacional, la nación que lo tenga y conserve mejor podrá aspirar a un mayor desarrollo social y económico.
Al inicio de la presente administración se anunció la llamada Cruzada por el Agua y el Bosque, con la que se prometió iniciar una transformación nacional para que estos dos recursos pudieran conservarse, acrecentarse, utilizarse racionalmente, y que no hubiera los desajustes que ya tenemos en todo el país. Sin embargo, es lamentable que siga siendo una asignatura pendiente. El gobierno se olvidó virtualmente de esta cruzada.
En el discurso gubernamental el agua y los bosques son asunto de seguridad nacional; en la realidad, no. Las pruebas están a la vista. No hemos logrado bajar los índices de contaminación de las aguas nacionales, ríos, de lagunas, lagos, presas y tampoco de las zonas costeras. A un año de que se analizó el estado de las principales playas frecuentadas por el turismo nacional y extranjero observamos que siguen estando en la misma situación y en algunos casos más contaminadas. Me refiero a las playas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero; de Puerto Escondido y Puerto Ángel, en Oaxaca; de Jalisco, Sinaloa y de Ensenada; la misma situación priva en Veracruz, estado que presenta los más altos niveles de contaminación costera de México y, pienso, de América Latina.
Tampoco hemos logrado disminuir la tasa de destrucción de bosques y selvas. Mientras perdemos al año 600 mil hectáreas de esos ecosistemas, apenas se reforestan efectivamente unas 80 mil. El desbalance es el mismo que en sexenios anteriores.
Asimismo, no hemos podido disminuir la explotación de los mantos freáticos de la cuenca del Valle de México, seguimos sacando irresponsablemente más agua del subsuelo de la que recargamos. Esto pone en evidencia que tampoco con el gobierno perredista la ciudad de México ha logrado revertir una tendencia que ocasiona serios problemas.
La contaminación del aire
La contaminación también la tenemos en la atmósfera de las principales ciudades del país. En la cuenca del Valle de México ha disminuido la presencia de ciertos contaminantes como el plomo, debido a una mejor calidad de la gasolina, la modernización tecnológica de parte del parque vehicular y a la verificación cada seis meses de los vehículos. Empero, seguimos teniendo graves problemas de contaminación por ozono y por partículas suspendidas. Las autoridades capitalinas se muestran triunfalistas al señalar que ha mejorado mucho la calidad del aire, pero 90 por ciento de los días del año en la ciudad de México el aire tiene una calidad no satisfactoria para la salud de la población. Esto se repite en urbes como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla y León. Es otro pendiente ligado a la falta de un transporte no contaminante y eficiente.
Residuos peligrosos
Otro pendiente ambiental es el manejo y confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos. Aquí la situación es lamentable –en el gobierno del presidente Zedillo se dijo que había una estrategia nacional para establecer “confinamientos” para estos desechos en partes estratégicas–, pues sólo hay uno en Mina, Nuevo León, ya sobresaturado. Al no tener lugares adecuados para confinarlos, los desechos tóxicos y peligrosos se tiran en barrancas y ríos. Esto es un grave problema no sólo para los mantos acuíferos, sino para las corrientes de aguas, la tierra, el aire y las poblaciones que viven cerca de estos tiraderos. Un retroceso muy grande se dio en el sexenio de Zedillo, cuando se acordó que ya no era obligación de las maquiladoras regresar a su país de origen los desechos tóxicos y peligrosos que generaban. México no tiene sistemas adecuados para tratarlos, tampoco para detectarlos y menos para evitar que se tiren por doquier.
Lo que falta
Faltan programas que en verdad se cumplan, pero también, aplicar la ley. Por ejemplo, la referente a la contaminación del agua señala que los municipios con más de 50 mil habitantes deben entregar las aguas limpias a los cuerpos de agua. Al parecer ninguno de los municipios está cumpliendo con esta ley, que data del año 2000. Ni siquiera el gobierno de la ciudad de México ha acatado esta norma. Además, por incumplir esta ley hay sanciones pecuniarias. La ciudad de México debería estar pagando, por incumplimiento de esta ley, varias centenas de millones de pesos, más los recargos correspondientes. Pero nadie le ha cobrado. El agua sucia generada en la cuenca del Valle de México, pasa por distintas entidades y desemboca contaminada, no sólo de materia fecal, sino de grasas e hidrocarburos, al Golfo de México. Esto se repite por todo el país, como en el caso del río Coatzacoalcos, el más contaminado del país; el río Blanco o el río Atoyac, que recibe todos los desechos humanos e industriales de la ciudad de Oaxaca y de los ingenios azucareros ubicados en dicha entidad.
Es cierto, ha habido avances, con base en una mejor legislación hay mayor control sobre la industria, sin que esto quiera decir que tenemos resueltos los problemas ambientales generados por ésta, ni los ocasionados por el transporte público contaminante en las ciudades. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero los problemas ambientales clave se han agravado, como en cuanto a los desechos tóxicos y peligrosos, la contaminación y mal uso del agua, la pérdida de bosques y selvas, por la ocupación de las áreas costeras y la destrucción de valiosos ecosistemas que allí existen, como los manglares.
En México tenemos muchas leyes, nuestro país ha sido muy rico en legislación y es reconocido por eso en el ámbito internacional, lo malo es que no se aplican y esto hace que el deterioro ambiental continúe.
Hace falta fundamentalmente voluntad política, un buen timonel para encauzar el barco hacia la solución de las cuestiones ambientales más urgentes, que lleve adelante todos los programas, hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y metas que se trazaron; mientras no exista, no vamos a lograr los avances sustanciales.
Por último, se observa un divorcio entre las autoridades y la población, lo cual es muy grave, porque eso desanima a la gente que en un momento determinado desea participar, tomar en serio el tema ambiental y luchar contra la contaminación. Si no hay participación real de la población, el esfuerzo gubernamental cuesta más y es menos efectivo.
