A más de un mes de que el secretario de Medio Ambiente, José Luis Luege Tamargo, prometió un dictamen sobre el proyecto Aca Park de la isla de La Roqueta, estará para darlo el subsecretario de Gestión del Medio Ambiente, Adrián Márquez Gálvez, del que depende la Dirección General de Vida Silvestre.
El mal uso de documentación oficial de la Secretaría de Marina mediante la cual Fidel Magdalena Junco y su socio Joaquín Haces Perdomo consiguieron la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para operar una unidad de manejo ambiental (UMA) en el 81 por ciento de la superficie insular, es calificado por el diputado local Ramiro Solorio Almazán como un “megafraude”.
Solorio Almazán, promotor del punto de acuerdo por el que el Congreso del estado intervino ante las protestas de las organizaciones ecologistas del puerto y solicitó la revocación de la UMA, consideró que el resolutivo de la Semarnat, «debe ser favorable», pero no solamente en lo que se refiere a la revocación de la autorización solicitada por él a la dependencia federal, sino también, para que Haces Perdomo y su socio, devuelvan los millones que ha fondo perdido le prestó la Secretaría de Economía para desarrollar su proyecto.
La isla La Roqueta es propiedad de la nación, otorgada en custodia y administración a la Secretaría de Marina mediante un Decreto Presidencial publicado el 25 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto es pública, no privada.
Sin embargo, el 27 de enero del presente año, la Dirección General de Vida Silvestre, autoriza el registro de la UMA denominada EcoPark con una superficie de 63 hectáreas, con clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-06-GRO a nombre de Secretaría de Marina-Fidel Magdalena Junco.
Con esto se incurre prácticamente en una privatización de la reserva natural, al dar en operación a la empresa Aca Extremo, SA de CV, que los ciudadanos Joaquín Haces Perdomo y Fidel Magdalena Junco representan, 64 de las 79 hectáreas de terreno de la isla, es decir, más del 81 por ciento de su superficie total.
Todas estas anomalías han provocado inconformidad social en el puerto de Acapulco, prestadores de servicios turísticos, agrupaciones ecologistas y ciudadanos, se organizaron en defensa de la isla y llevaron a cabo una marcha de protesta el 4 de diciembre de 2005.
Las inconformidades sociales manifestadas con anterioridad en los medios de comunicación impresos y electrónicos del estado, motivaron que los diputados Ramiro Solorio Almazán, del Partido de la Revolución Democrática, y Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, presentaran al pleno del Congreso del estado de Guerrero un punto de acuerdo para investigar y citar a las autoridades estatales correspondientes sobre este asunto.
Otro antecedente de los negocios oscuros de Magdalena Junco cuando la organización mundial ambientalista Greenpeace documentó que el pasado 15 de agosto de 2003, la Profepa que en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México requisaron 500 tarántulas de las especies Grammostola cala procedentes de Chile que tenían como destino una de las empresas de las que es socio Magdalena Junco.
Asimismo, Greenpeace puntualizó que la empresa Transportación México Expres fue la que informó sobre un embarque procedente del citado país andino, con las tarántulas, después de que las empresas Repxotics y Fidel Magdalena Junco no recogieran la carga e incumplieran los trámites de importación.
Fuente: Notimex
