Teorema Ambiental/Redacción
Este martes se cumplieron cinco años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que provocó la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al consorcio Grupo México en el río Sonora. El hecho fue considerado la mayor contingencia ambiental provocada por la minería en la historia de México.
Además de las afectaciones al entorno, la población en torno al cauce no cuenta hasta la fecha con servicios de salud y agua potable, además de que su economía quedó aniquilada, mientras la empresa goza de impunidad, de acuerdo con testimonios de pobladores de ocho municipios que fueron perjudicados: Bacanuchi, Arizpe, Huépac, Banámichi, Aconchi, Baviácora, San Felipe y Ures.
La mina ubicada en Cananea, provocó daños que son perceptibles hasta este momento en el 70 por ciento de la población infantil, que padece daños físicos y desarrollo cognitivo anormal a causa de jugar en aguas contaminadas. Además, acusaron que en el momento del desastre no hubo una alerta oficial.
De acuerdo con una investigación publicada por el periódico La Jornada, en la ribera del río Sonora, niños y adolescentes que hoy tienen entre ocho y 14 años se sometieron a análisis en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y privados.
Los resultados muestran que tienen en sus organismos metales pesados bioacumulables y que sus niveles de plomo son superiores a diez microgramos por decilitro de sangre, es decir, un nivel peligroso para la salud. La cifra oficial indica que 381 personas sufrieron daños en su salud, mientras que el daño ambiental devastó ecosistemas a lo largo de 250 kilómetros.
Por ello, los comités de cuenca del río Sonora y los habitantes afectados comenzaron una lucha legal que incluye 14 juicios contra la compañía de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, a quien demandaron por ecocidio y la violación a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, pues de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), su mina ha incurrido en 55 irregularidades.
Pero también ha sido negligente en el cumplimiento de normas ambientales relativas al manejo de lixiviados y residuos peligrosos. Por ello, en la Ciudad de México, comuneros afectados exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrir el Fideicomiso Río Sonora hasta reparar los daños en su totalidad.
Arbitraje federal
En respuesta a esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó en un comunicado que “revisa las acciones de remediación que en su momento se llevaron a cabo en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora para determinar medidas contundentes que garanticen la seguridad y el bienestar de las poblaciones”.
Además, señaló que mantiene un diálogo permanente con las comunidades de la cuenca, con la presencia de representantes de las empresas mineras, pobladores afectados, ambientalistas, científicos, autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos sectorizados de la Semarnat.
“Se analizan las acciones emprendidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de la instalación de plantas potabilizadoras, así como la operación de las mismas, a cargo del gobierno estatal y los gobiernos municipales”, agrega el documento.
También mencionó que se supervisan los trabajos de monitoreo de la calidad del agua, los cuales arrojaron que entre 2014 y 2019 se ha mostrado una tendencia de recuperación para algunos metales pesados, mientras que otros como aluminio, fierro y manganeso han superado en distintas ocasiones los límites permitidos.
Por otro lado, indicó que los municipios de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús tienen cobertura de agua potable de entre el 98.8 y 99.4 por ciento. Además, hay 25 nuevos pozos en operación que abastecen a 36 localidades y se cuenta con 12 pozos emergentes.
“El objetivo de la Semarnat es recuperar la confianza de la gente mediante acuerdos equilibrados que permitan un desarrollo sustentable en la región con apego a la normatividad ambiental y teniendo como prioridad la salud de la población”, finaliza el documento.
