Las descargas de tipo doméstico, a cargo de losmunicipios, estados y federación, requieren de la inversión en plantasde tratamiento, tanto para el cumplimiento de la normatividad, comopara la protección de los usos a que se destinen los cuerpos receptores.
B. A. Gómez, F. P. Saldaña, G. A. Martínez, N. J. F. Gaitán, M. J. Athala, B. A. Lerdo de Tejada, L. E. Gutiérrez, V. A. Sandoval, L. A. Ruiz y S. E. Salcedo *
*Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Las descargas de tipo doméstico, a cargo de los municipios, estados y federación, requieren de la inversión en plantas de tratamiento, tanto para el cumplimiento de la normatividad, como para la protección de los usos a que se destinen los cuerpos receptores.
En la metodología de evaluación social que se aplica a este tipo de obras, se incluyen como beneficios de la construcción de las plantas: una mayor rentabilidad de cultivos regados con agua de mejor calidad, los costos evitados por el tratamiento médico de enfermedades gastrointestinales, el incremento en el valor de las propiedades aledañas a cuerpos receptores por reducción de olores y mosquitos, así como la posibilidad de liberar recursos financieros por extracción de agua al disponer de agua de reuso.
Sin embargo, se requiere incorporar otros costos que resultan del deterioro de la calidad del agua a corto o largo plazos, como son, entre otros: la pérdida de la productividad de los ecosistemas acuáticos, la pesca y la necesidad de dedicar recursos a la limpieza de los embalses por la invasión de malezas acuáticas.
En este trabajo se indica la secuencia metodológica aplicada para establecer su valor económico bajo un enfoque de costo–beneficio.
Se reconoce que en promedio se generan en el país 7.54 kilómetros cúbicos de aguas residuales municipales al año, de las cuales se colectan por alcantarillado 5.6 km3 y se descargan sin tratamiento 4.27 km3 a los cuerpos receptores (CNA, 2000).
La implementación del principio «el que contamina paga», como mecanismo de protección ambiental que puso en marcha el sistema de cobros del derecho de descargas por vertimiento de aguas residuales en 1991, no resultó de aplicación generalizada para las aguas residuales municipales, debido tanto a la falta de infraestructura de tratamiento y recursos financieros para invertir, como a los plazos que de acuerdo con el tamaño de la población se establecieron después. Independientemente de que las recaudaciones por estos conceptos no se revertieron en la mejora de la calidad del agua. (Saad, 1999 y Bravo & Ortiz, 2001).
Los mecanismos de control asociados a la aplicación de las NOM, CPD, declaratorias de clasificación y pago de derechos tampoco se aplican en forma regular a las descargas municipales, debido nuevamente a la falta de inversiones en la construcción de plantas. El propósito original fue el de alentar a las empresas para que invirtieran en obras de control de calidad de las descargas, aunque en el caso de los municipios, el importe del derecho se determina en función del índice de incumplimiento, que es la concentración de los contaminantes en la descarga menos el límite permisible establecido en la NOM-001-ECOL 1996 entre este mismo, por la cuota establecida en la Ley Federal de Derechos y de acuerdo con la clasificación del cuerpo receptor (tipo A, B o C).
Sin embargo, este mecanismo sólo toma en consideración parámetros aislados desconociéndose el costo económico integrado de la generación y descarga de aguas residuales que son vertidas en los cuerpos receptores. Entre otros impactos, no se toma en consideración, por ejemplo, la desaparición del hábitat y disminución de la biodiversidad por el deterioro de la calidad del agua, con el consecuente impacto sobre el paisaje y la reducción de las actividades pesqueras, turísticas y recreativas. Estas afectaciones trascienden los aspectos económico–financieros y sociales en el corto, mediano y largo plazos, dentro del marco más amplio del impacto ambiental establecido en la LGEEPA.
La Presa Manuel Ávila Camacho, Valsequillo, fue construida entre 1941 y 1946 para aprovechar los escurrimientos de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, con fines de riego de 35,000 hectáreas del distrito de riego 030, Valsequillo. Además, el embalse se utilizaba para practicar varios deportes acuáticos y permitía que la pesca para fines comerciales y de autoconsumo (SARH, 1979; CNA,1996). Se ubica dentro de la cuenca del río Balsas en la región hidrológica número 18 en el sitio denominado Balcón del Diablo, a 22 kilómetros al sur de Puebla (tabla 1).
Las descargas industriales y municipales de las ciudades de Tlaxcala y Puebla han afectado seriamente la calidad del agua y con ello la consecuente pérdida de la pesca, del hábitat de organismos acuáticos, la proliferación de malezas acuáticas y la disminución del atractivo turístico. Aunque actualmente se realizan recorridos como parte de la visita al Parque Zoológico Africam Safari.
Estos impactos se han evaluado bajo distintos considerandos y utilizando técnicas de valoración de bienes de mercado y por costos evitados, para incorporar tanto los costos como los beneficios ambientales a la evaluación social del proyecto.
En este trabajo se describen las técnicas y los resultados obtenidos, así como sus limitaciones y potencialidad de ser utilizados de manera sistemática en la valuación económica de impactos ambientales.
Identificación y evaluación de impactos al ecosistema
El ecosistema debe ser considerado como una unidad funcional que provee servicios ambientales (Costanza, et al., 1997, 1998) que incluyen bienes, por ejemplo peces o crustáceos; funciones: hábitat y nichos ecológicos, así como servicios: autodepuración de la corriente por diversos mecanismos desde dilución, asimilación por procesos orgánicos, químicos o fotólisis.
Algunos de estos servicios tienen un valor en el mercado, como la pesca, por el valor del producto, mientras que otros tendrán que ser valorados desde el punto de vista del costo ambiental causado, por ejemplo, la pérdida de peces, utilizando como valores proxy los precios del mercado, es decir lo que costaría producir al menos un stock mínimo de peces en las condiciones actuales. Además de los costos evitados por la limpieza de malezas acuáticas y la recuperación del valor escénico por el incremento de la demanda de los servicios de lanchas en la presa.
Se reconoce que los contaminantes característicos de las descargas residuales municipales comprenden los incluidos en la tabla 1, que combinan los señalados por Metcalf & Eddy (1991) con las concentraciones obtenidas por el IMTA (1997) de 7 proyectos de evaluación e investigación, en los que se incluyen 21 diferentes ciudades distribuidas en el norte, centro y sur del país, incluyendo periodos de estiaje y lluvias, en poblaciones que no tienen un porcentaje mayor al 20 por ciento de aguas residuales de origen industrial (tabla 2).
El deterioro de un ecosistema acuático provocado por los contaminantes señalados como típicos de las aguas residuales domésticas, aunque se ha determinado por parámetro, puede resumirse como se indica en la tabla 3, donde además se señala el impacto ecológico o económico por considerar en un análisis de costo–beneficio de proyectos de saneamiento.
Es posible cuantificar estos beneficios por medio de distintos métodos y técnicas de valoración económica (tabla 4), aunque muchos otros requieren de investigación de coeficientes de transferencia (simulación) y proyecciones a futuro (series de tiempo).
Estudio de caso
Se estimaron los beneficios sobre la limpieza de malezas acuáticas y su relación con la recreación (uso de lanchas) en la presa Valsequillo por el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Puebla, por medio de 5 plantas programadas a entrar en operación en el año 2001, con trenes de tratamiento primario avanzado hasta 2004 y con tratamiento secundario de filtros rociadores de 2004 hasta 2020, horizonte que se consideró como la vida útil de proyecto (tabla 5).
Para realizar las proyecciones y reconocer los beneficios del mejoramiento de la calidad del agua en los recursos y servicios ambientales señalados, se identificaron los beneficiarios y su distribución geográfica sobre el cauce y la presa Valsequillo. A fin de estimar los beneficios ambientales, resulta importante identificar tanto cuantitativa como cualitativamente los impactos que sufrirán los agentes económicos que posiblemente se vean afectados o beneficiados con la ejecución o implementación del proyecto social, debido a que la subestimación de los beneficios sociales globales del proyecto puede ocasionar daños a futuro, que pueden traer consecuencias irreversibles para la salud humana y la calidad de los ecosistemas.
En la tabla 6 se listan los costos ambientales de las situaciones con proyecto de los agentes ambientales potencialmente afectados o sin él.
En todos los casos se ha considerado la mejora paulatina y acumulativa de la calidad del agua por la entrada en operación de los sistemas de tratamiento, la tecnología utilizada, el porcentaje de remoción y las capacidades a las que se irán escalando conforme al incremento en la población. Asimismo, los escenarios del comportamiento de la infestación de las malezas acuáticas se consideró con base en datos de cobertura registrada y atendida por más de 6 años por personal de la CNA e IMTA (IMTA-CNA, 2000).
