La próxima gran lucha social de México será contra la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, advirtió la canadiense Maude Barlow, ganadora este año del Premio Nobel Alternativo, que entrega la fundación sueca Right Livelihood. El derecho a ese bien, prevé la activista, será el elemento aglutinador de ese enfrentamiento contra la cada vez mayor presencia empresarial en ese rubro.
La defensora del derecho al agua, quien junto con Tony Clarke —también acreedor al reconocimiento internacional por su trabajo en favor de los derechos humanos— escribió el libro Oro azul, visitó el país hace unos días para dialogar con las organizaciones no gubernamentales mexicanas que buscan el respeto a esa garantía individual.
Entrevistada sobre el tema, Barlow destacó el hecho de que en México se realice, en marzo de 2006, el próximo Foro Mundial del Agua, ya que este país se ofrece como anfitrión de una visión corporativa del líquido, cuando aquí «la gente está desesperada por el acceso a ese bien».
Desde hace varios años «se habla de que existe un problema de escasez. Hay dos grandes dimensiones cuando se trata este tema. La primera es el derecho humano a acceder a ese servicio, sobre todo cuando hay millones de personas que carecen de él; éste se ha convertido en uno de los más importantes aspectos de los derechos humanos», comenta la activista canadiense.
Al mismo tiempo, abundó, «se está acabando el agua fresca por varias razones, entre ellas la industrialización, la contaminación, los modelos de agricultura corporativa y la minería; enfrentamos lo que en mi opinión es una de las luchas más grandes. Y la pregunta de esta lucha es: ¿quién va a controlar el suministro?»
Según la Organización de Naciones Unidas, más de mil millones de personas, de los 6,500 millones que conforman la población mundial, no cuentan con ese recurso, y 2,500 millones no tienen servicios de saneamiento básicos.
La escasez es causa de al menos 7 por ciento de las muertes y enfermedades en el mundo, mientras las afecciones transmisibles por líquido insalubre matan tres o cuatro millones de personas al año.
Ante ese panorama, Barlow subraya: »creemos que el agua es un derecho humano, es un bien público, y debe ser un servicio administrado y manejado por los gobiernos, no por la iniciativa privada».
Sin embargo, advierte, frente al problema del desabasto también está la visión de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, los cuales han señalado que el recurso es un servicio privado que debe ser administrado por empresas. »En ese contexto, en el tema del comercio, el agua se considera un bien, un servicio y una inversión.»
Las grandes corporaciones que lucran con el abasto son europeas —Suez y Veolia—, con filiales en todo el mundo; «sus ganancias crecen más rápido que la economía de los países. Estas empresas creen que el líquido es una mercancía que debe ser ofrecida y comprada en el libre mercado. Es una posición adoptada por la Unión Europea y Estados Unidos».
Ante ello, los gobiernos con menor capacidad económica, con menor margen de negociación, deben asumir las reglas de los organismos internacionales, los cuales les dicen que si quieren aprovechar los créditos para el desarrollo del agua deben involucrar a las empresas.
Fuente: La Jornada
