Las autoridades deberán acatar la decisión judicial y abstenerse de ejecutar obras nuevas en el tramo que va de Escárcega a Calkiní, Campeche
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2020.— Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio de 2020 en contra del proyecto Tren Maya.
Con ello, no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche. Mientras que las personas que interpusieron el amparo podrán celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables.
“Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”, dijo en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).
Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de esta se incluyen obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní.
Cemda agregó que lo promoventes de este amparo decidieron conjuntamente “ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya”.
Finalmente, “hicieron un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues solo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos”. También solicitaron a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia, pues en los diferentes procesos que se han interpuesto en la península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales.
“Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre cuatro y seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables”, declararon.
