Legislación Ambiental

Políticas públicas en materia ambiental la perspectiva de un gobierno local

Ricardo Monreal Ávila Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas

Colaboración especial

No atinamos a la verdad cuando pensamos que el mundo de la naturaleza estaba dotado de características que le permitían procesar, por ciclos indefinidos, las consecuencias que generan las sociedades industrializadas. El suelo y el subsuelo, los aires y las aguas, marítimas y continentales, ya registran los impactos de una cultura incapaz de atender los ciclos vitales de la vida.

Aún y en paradoja, las regiones de la tierra que registran mayor pobreza para sus habitantes, acumulan altos índices de deterioro y explotación inmoderada de sus recursos naturales.

Hay datos suficientes para construir nuestra prospectiva; la vida en general, y la del ser humano en especial se encuentran en riesgo fatal si no cambiamos radicalmente el modo de relacionarnos con la naturaleza. Se impone una nueva cultura que tenga como propósito central el mantener la vida sobre la tierra, exigiendo para ello la restauración, mejoramiento y conservación de nuestros ecosistemas.

La Reunión de Río de 1992, La Cumbre de la Tierra, logró concertar la presencia de los líderes de las naciones, en una voluntad general de actuar de manera colectiva para contener la catástrofe que se cierne sobre el planeta. Los resultados, no obstante, dan cuenta de respuestas diferenciadas para el problema. Se imponen comportamientos alejados de los compromisos adquiridos, que responden más a los intereses de unos cuantos, por hacer prevalecer su interés utilitario, amasando riquezas que, por su distribución injusta, se muestran incapaces de satisfacer las necesidades elementales de miles de millones de habitantes del planeta.

El siglo que ha concluido, representó para México la inauguración de una política pública de contenido ambiental, una producción legislativa abundante en la materia (donde el caso de la Norma Oficial Mexicana es buen ejemplo de ello), y la creación de instituciones para la regulación y coordinación de las acciones estatales y de la sociedad.

Al inicio de la presente administración gubernamental en Zacatecas (septiembre de 1998) no existía como tal una política pública en la materia, donde las acciones de restauración y protección del ambiente eran aisladas y, en contrario, existía un alto reclamo social para la puesta en marcha de acciones enérgicas para contener el deterioro que registraba la entidad. Así, un compromiso de campaña se convirtió en política prioritaria de gobierno.

En cinco años hemos avanzado con la rapidez que las circunstancias exigen, a sabiendas de que nos espera una tarea de especial magnitud.

De los tópicos que integran estas acciones, destaca por su importancia la educación ambiental. A nuestro juicio, uno de los ejes torales de nuestra política en esta materia.

En mayo de 2002, se funda en Zacatecas el primer Centro de Educación Ambiental en el ámbito nacional, que tiene como sede a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuyas acciones ya se extienden por el estado, cuando en octubre del año pasado inauguramos el primer Centro Regional de Educación y Capacitación Ambiental y el Museo Vivo de Plantas y Especies Nativas de la Región, que cubre con sus acciones a los municipios de Río Grande, Juan Aldama, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Sain Alto, para estimular un respeto y un manejo sustentable de los recursos naturales; agua, suelo, vegetación, fauna silvestre, minerales y paisaje. La primera tarea es la de contener el deterioro ambiental, y la segunda es la de restaurar, en la medida de lo posible, los ecosistemas.

Los escolares de los distintos municipios han formado verdaderos ejércitos de trabajo, para mantener limpias sus comunidades, estimulando actitudes similares de sus padres.
En este periodo surgió el Instituto Estatal de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas que se ha sumado a la tarea educativa, editando textos sobre la materia, que se distribuyen gratuitamente en el sistema educativo.

Esta tarea encontrará la cúspide, cuando las mujeres y hombres de esta región, de todas las edades y especialmente los niños y niñas, ocurran a estos centros y participen en los programas. De ser así, tendremos una firme esperanza del futuro.

De los 7.5 millones de hectáreas del territorio estatal, el 27.4 por ciento está catalogado como de erosión inicial; el 5 por ciento presenta una erosión moderada; el 41 por ciento se encuentra en proceso de erosión acelerada; y el 18 por ciento está totalmente erosionado. Sólo 526 mil hectáreas no presentan este problema.

Ésa es la realidad lacerante que vive el estado, en materia de erosión de sus suelos. No debe complacernos el decir que este problema es de carácter nacional y que México es uno de los países con alto índice de pérdida de sus suelos.

De este tamaño es la responsabilidad que tenemos de establecer acciones pertinentes y de contundencia. No podemos ver con certidumbre al futuro si no somos capaces de contener el deterioro de nuestros suelos.

Muchos piensan que las acciones que realizamos para contener esta erosión, son trabajos que no permiten lucimiento a los gobiernos. No estamos de acuerdo con esa visión. Porque los gobiernos progresistas y visionarios deben pensar en el ahora, y en el mañana. Estos gobiernos deben advertir a la sociedad de los peligros que enfrentamos. Porque las tierras que se pierden para las actividades agrícolas y ganaderas, difícilmente se vuelven a rescatar. Con ello se pierden oportunidades para la subsistencia y la satisfacción de las necesidades comunitarias. Se pierde también la oportunidad de que este país satisfaga sus necesidades alimentarias, parte toral de la soberanía nacional, cuando el fenómeno de la hambruna ya recorre al mundo y no queremos que México sea un país donde la falta de alimentos se agrave.

La entidad zacatecana ha reservado históricamente un potencial en lo agrícola y lo ganadero, del que subsiste una buena parte de la población. Perder nuestras tierras es condenar a la pobreza y a la desesperanza a miles de familias. Ese peligro amenaza a la zona frijolera del estado, una de las más ricas de la entidad y del país. Allí mismo se registra una fuerte erosión causada por los vientos y las aguas.

Ésa es la razón de la puesta en marcha del Programa de Protección Ambiental de la Zona Frijolera, que comprende a los municipios de Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Sain Alto. Región en que se asientan 157 mil habitantes en 40 comunidades.

Este programa de restauración de suelos contempla el establecimiento de cortinas rompeviento, barreras vivas y barreras de protección con especies nativas, como el nopal, el maguey, el mezquite y el pirul. El objetivo inicial son 15 mil hectáreas de la región, de las 75 mil que registran el problema. Somos el primer estado del país que emprende este tipo de acciones.

En otro tenor, la empresa que se desenvuelve en Zacatecas, va asumiendo el reto de reconvertir sus procesos que eviten la contaminación, y ya existen valiosos ejemplos de proyectos productivos que atienden estos problemas de manera integral.

Dos problemas tan añejos como graves han sido atendidos; el de Nuevo Mercurio y el de La Zacatecana que representaban un serio peligro para la salud de las poblaciones que en su entorno se ubican, por un manejo inapropiado de los residuos peligrosos allí concentrados. El primero ha sido resuelto casi de manera total, y el segundo con acciones en marcha para eliminar paulatinamente su riesgo.

Se registra un avance significativo en la formulación del documento de Ordenamiento Ecológico Territorial que incluye el mapa de riegos, de especial importancia para la entidad, dadas las características del territorio.

La alta contaminación de nuestras cuencas ha demandado la formulación de estudios técnicos y de la puesta en marcha de las primeras acciones para su saneamiento. En este periodo gubernamental pasaremos del 10 por ciento de las aguas saneadas a una cantidad próxima al 50 por ciento.

Este esfuerzo, en buena medida ejemplar, tiene sus cimientos en una creciente participación social, de las instituciones educativas de la entidad, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas, y de una voluntad de concurrencia de los distintos niveles de gobierno.

Perseveramos en una nueva cultura ambiental, que muestre que existen otras formas posibles de relacionarnos con la naturaleza, tomando lo que de ella necesitamos, pero propiciando su restauración y conservación, patrimonio que habremos de heredar a las futuras generaciones.

Espero haber recogido en esta colaboración las acciones más destacadas que han concentrado el esfuerzo de las y los zacatecanos en esta materia.

Felicito a la revista Teorema Ambiental por estos diez años de entrega y esfuerzo que hoy, por fortuna, comienza a brindar sus frutos al país. Sea su directora, Wendy Coss y León, el digno conducto para transmitir nuestro sentimiento de reconocimiento a todos sus colaboradores.

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