El estudio fue elaborado por Daniel Revollo Fernández, doctor en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la UNAM
Ciudad de México.— Con el objetivo de analizar experiencias de proyectos de desarrollo reales en México, se elaboró el estudio titulado Valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos vinculados con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA): Caso de estudio 1) Cabo Dorado 2) La Parota y 3) Eólica del Sur.
El estudio fue elaborado por Daniel Revollo Fernández, doctor en economía de recursos naturales y desarrollo sustentable en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien presenta una cuantificación de los servicios ambientales de la región en la cual se piensa llevar a cabo el proyecto, así como los impactos sociales que la realización del mismo tendría sobre la comunidad.
Esto con el fin de que esta información se incluya en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), y permita brindar mayor certidumbre jurídica a todos los actores involucrados; esto es, el gobierno responsable de brindar las autorizaciones, los inversionistas interesados en desarrollar el proyecto y la comunidad que habita en la zona, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) quien presentó el estudio.
Al respecto, Daniel Revollo señaló que la implementación de cualquier tipo de proyecto en determinada área del territorio nacional, ya sea energético, turístico, de extracción minera o de infraestructura —entre muchos otros— genera tanto beneficios y costos privados, como beneficios y costos ambientales y sociales. En términos económicos y de bienestar, estos beneficios y costos sociales están estrechamente ligados con el término de las externalidades (positivas y negativas).
El hecho de no incorporar estas externalidades en el análisis económico de los proyectos, puede llegar a generar condiciones no óptimas o no deseadas por algunos sectores de la sociedad. En otras palabras, el no incorporar estas externalidades provoca que tanto beneficios como costos sean transferidos de un sector de la sociedad a otros sectores, sin una compensación de por medio.
Este tipo de investigaciones pretenden reducir al mínimo el número de proyectos que generan problemas socio-ambientales como los sucedidos en el gasto de la devastación de manglar en Tajamar, Quintana Roo; el derrame de sustancias químicas tóxicas provenientes de la actividad minera en el río Sonora, por mencionar únicamente dos ejemplos, es necesario y urgente que los instrumentos de política pública ambiental en México —particularmente el PEIA— incluyan en su elaboración un análisis no sólo cualitativo, sino cuantitativo, del impacto de los proyectos sobre la sociedad tanto desde el punto de vista privado como ambiental y social.
Fuente: Cemda
