Cuando entramos a centros comerciales para abastecernos ya sea de productos alimenticios, de limpieza, vestimenta y demás artefactos útiles o que creemos útiles para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana, pocas veces reparamos en los impactos que éstos tienen en nuestra salud o en los recursos naturales.
Jamás pensamos que las pilas o baterías que adquirimos y desechamos después de su vida útil, son capaces de contaminar tanto el suelo, aire o tierra, debido a que 30 por ciento de su contenido es tóxico.
El auto que adquirimos y que utilizamos hasta para transportarnos a ridículas distancias, contribuye a elevar los índices de contaminación atmosférica, que perjudican la salud de la población y favorecen a la formación de gases efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Sin embargo, estaríamos incurriendo en un grave error si culpásemos por completo a los consumidores de las graves problemáticas ambientales y de salud que actualmente aquejan al planeta y a la humanidad. Las empresas y nuestros gobiernos poco interés han mostrado en informar a la población sobre los beneficios y repercusiones de los productos que encontramos disponibles en el mercado.
No es de extrañarnos que en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado en días pasados, diversas organizaciones y asociaciones de consumidores hicieran un llamado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que dejen de servir a los intereses corporativos y pongan un alto a las prácticas monopólicas y oligopólicas que se ejercen en nuestro país, en detrimento de la economía y de la salud de los consumidores.
Las instituciones gubernamentales encargadas de informar y proteger los derechos del consumidor están lejos de, por lo menos, notificar a la población de los derechos básicos que tienen como consumidores, es decir, el derecho a elegir, ser escuchado, informado, recibir una compensación cuando el producto no cumpla con las características ofrecidas, además de tener derecho a un medio ambiente sano.
Las consecuencias de esta desinformación han colocado a México como el segundo país con mayor población obesa y con sobrepeso en el mundo, por lo que la diabetes relacionada con problemas cardiovasculares es la principal causa de mortalidad, y de acuerdo con datos oficiales los gastos directos e indirectos de esta enfermedad ascienden a 23 mil millones de pesos al año.
Esta situación se hace más evidente con las cifras ofrecidas en la Primera Evaluación de Desayunos Escolares del DIF, en donde se indica que las familias indígenas gastan a la semana 20 pesos en refrescos y menos de 10 pesos en leche.
Sumado a ello, en los últimos 14 años el consumo de refrescos ha aumentado 60 por ciento y se ha reducido el consumo de verduras y frutas en 30 por ciento.
“Si el Estado no desarrolla campañas de información sobre los riesgos que significa el consumo frecuente de la comida chatarra, si no se establecen regulaciones a la publicidad y en especial, la dirigida a los niños; si no se prohíbe la venta de estos productos en escuelas y oficinas, permanecerá el ambiente obesogénico creado por las empresas procesadoras de alimentos y sus consecuencias se mantendrán como el mayor problema de salud publica en el país”, argumentó Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
Como sociedad consumidora es nuestra responsabilidad exigir nuestro derecho a recibir información sobre los productos que estamos adquiriendo, pues un acto tan trivial y cotidiano como el consumo, refleja consecuencias negativas tanto en el medio ambiente como en la salud publica.
Fuente: Teorema
