- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes la “nueva nacionalización de la industria eléctrica”, con la compra de 13 centrales de generación eléctrica
Teorema Ambiental/Redacción
Este martes, el gigante de la generación eléctrica, de origen español, Iberdrola y el Gobierno de México anunciaron un acuerdo para la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica construida con capital privado en el norte de México, para que sean operadas directamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció como la “nueva nacionalización de la industria eléctrica”.
Sobre este movimiento financiero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) aseguró en un comunicado que dicha compra no nacionaliza la industria eléctrica, aunque ahora se cuenta con capital del sector público, legalmente la propiedad de las centrales se mantiene como privada.
El acuerdo se realizó por seis mil millones de dólares y el Gobierno de México anunció que pagaría esa cantidad mediante un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por México Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.
El Imco explicó que legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso serán privadas, ajenas al gobierno federal y a la CFE, lo que quiere decir que la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica.
Además, señaló que en los activos de la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) —ocho mil 436 megavatios (MW)- y una es eólica —103 MW—. Diez de ellas operan como Productores Independientes de Energía (PIEs) —centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14— y tres lo hacen de forma privada (es decir, participan directamente en el mercado eléctrico mayorista).
El instituto señala que si bien el gobierno argumenta que esta compra el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6 a 55.5 por ciento, la mayor parte de esta generación ya estaba bajo control de la empresa porque los productores independientes de energía ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública.
En consecuencia, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la Comisión Federal de Electricidad. “Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del mercado eléctrico mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.”
Y finaliza: “El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en diez años la edad de retiro”, indica el Imco.
En el caso de Iberdrola, el Imco explicó que aceptó la venta debido a que busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y enfocar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones.
“En noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 47 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años. En este sentido, la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.”
Fotografía: Imco
