Acusan al organismo del gobierno federal de emitir un acuerdo que beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo, un residuo de la refinación
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 7 de mayo de 2020.— El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el pasado 29 de abril, está “absurdamente justificado, no tiene sentido en la crisis sanitaria del COVID-19”, consideró el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA), ya que contempla un aumento en el uso de combustóleo para producir electricidad en el país, en lugar de optar por fuentes limpias como el gas natural.
Dicha organización, integrada por grupos de la sociedad civil, entre ellos la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, Iniciativa Climática de México (ICM), ITDP México, Redim, Redspira, Transita Seguro y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), aseguró que:
La determinación del gobierno federal “representa un obstáculo a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del país para cumplir con el Acuerdo de París, estipuladas en las leyes General de Cambio Climático y de Transición Energética, pues limitan la operación de plantas de generación renovable y frenando injustificadamente el uso de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía”.
El OCCA explicó que el uso de energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, ayudaría a construir un sistema más resiliente, justo y accesible.
“En un país en el que más del 30 por ciento de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo, por lo que las energías renovables coadyuvan a alcanzar las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía”, agregó el conjunto de organismos civiles.
En cuanto a la resolución del Cenace, el OCCA explicó: “permite la operación de plantas de generación eléctrica a base de combustóleo (combustible residual obtenido por la refinación de petróleo) que estaban programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero”.
También refirieron que el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas por la contaminación por material particulado en México.
Señalaron que este acuerdo “va en línea con una serie de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos del país frente al cambio climático.
“Las políticas de la Secretaría de Energía (Sener) harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París”, como ejemplos citaron:
- La negativa de la Sener para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71 por ciento del material particulado, el 71 por ciento de carbono negro, 80 por ciento de emisiones de dióxido de azufre, 81 por ciento de emisiones de óxidos de nitrógeno
- La postergación de la cobertura nacional de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) hasta 2024
- La cancelación de subastas de energía limpia
- La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia
- La Resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm).
Retroceso
El OCCA señaló que hasta antes del inicio de la presente administración, la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5 por ciento y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6 y 43.2 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017.
En tanto, el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México estaba entre los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 aseguró que la voluntad política vacilante de México estancó el desarrollo de la industria eólica.
El Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 estimó que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38 por ciento en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados.
“Lo anterior es sumamente grave en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud por la pandemia del COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo.
“La generación de energía a partir de fuentes limpias es una solución clave para esta recuperación, y los gobiernos deberían generar las condiciones apropiadas para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción”, finalizó el OCCA.
