Por Carlos Álvarez Flores
Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC
Desde 1993, cuando la empresa paraestatal Fertilizantes Mexicanos, SA (Fertimex) fue privatizada, el gobierno federal destinó alrededor de cinco millones de dólares para el saneamiento y la remediación de la planta, denominada Unidad Salamanca, que fabricó durante muchos años distintos venenos, llámense pesticidas, plaguicidas o insecticidas, y acumuló miles de toneladas de residuos dentro de sus instalaciones que ocupan una superficie de unas 25 hectáreas.
Esta montaña de residuos tóxicos de más de diez mil toneladas es una mezcla mortífera de compuestos altamente tóxicos, como el DDT, cuya fórmula química es 1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano, anteriormente denominado Diclorodifeniltricloroetano, y Malathion: S-[ 1,2-bis-(etoxi-carbonil)-etil] -O,O-dimetil-ditiofosfato y Parathion (PT) (dietil p-nitrofenil fosfotioato). Estos pesticidas son compuestos organoclorados, DDT y organofosforados, Malathion y Parathion.
El DDT se usó durante mucho tiempo para erradicar el mosquito anófeles que transmite la malaria, y el Malathion y Parathion, para el control de plagas en la producción hortofrutícola. El DDT fue prohibido por la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos en 1972, después de que la doctora Rachel Carson publicara su importante libro Primavera silenciosa, en 1962, en donde expuso los peligros ecológicos derivados de la utilización del DDT, y en el cual asegura que acabarían desapareciendo todas las aves del mundo si seguíamos utilizándolo. En la actualidad sabemos que los daños a la salud originados por estos venenos van desde el deterioro del sistema nervioso periférico y central y del hígado, hasta problemas en el sistema reproductivo y el sistema inmunológico.
El DDT está catalogado actualmente como un producto químico CFP, que significa que de acuerdo con el Convenio de Rotterdam, al que estamos adheridos, se aplica el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo, a partir del 24 de febrero de 2004, y esto se confirma y queda plasmado en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que planteó en mayo de 2005 en la primera reunión del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la eliminación de 12 compuestos considerados “plaguicidas y productos químicos industriales peligrosos que pueden matar a la gente, producir daños en el sistema nervioso e inmunológico, provocar cáncer y desórdenes reproductivos, así como perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños”, entre los cuales se encuentra el DDT, cuyas características entran en la clasificación de: “altamente tóxicos; son estables y persistentes y tienen una duración de décadas antes de degradarse; se evaporan y se desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, y se acumulan en el tejido adiposo de los seres humanos y las especies silvestres”.
En el caso del Malathion y Parathion son potencialmente carcinogénicos y se absorben por la piel, tracto digestivo y el sistema respiratorio causando daños a los sistemas morfológico y genético.
Este grave problema de contaminación que daña a los salmantinos desde hace más de 30 años, no lo han querido resolver las autoridades federales, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes han permitido que más de 300 mil habitantes de Salamanca, no sólo respiren el segundo peor aire ambiente de nuestro país, debido a los gases de SO2 que genera la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que también están expuestos a graves daños a su salud, con este foco de contaminación que sigue envenenándolos, ya que de acuerdo con los nuevos estudios toxicológicos realizados en Europa y Japón, el tener estos residuos a la intemperie puede generar impactos hasta en un radio de acción de diez kilómetros, lo que significa que todos los salmantinos están siendo potencialmente afectados en su salud.
Además, la Semarnat y la Profepa han reconocido que existen daños al acuífero somero de la zona en donde está localizada la instalación. Lo que significa más daños a la salud si se extrae agua de este acuífero contaminado. Este caso es una vergüenza nacional a la que por supuesto vamos a dar mayor difusión, ya que es inaudito que a 16 años de haber asignado un presupuesto de cinco millones de dólares para su saneamiento y remediación, los salmantinos sigan expuestos a daños en su salud que potencialmente les pueden causar la muerte.
*Ingeniero químico industrial, especialista en la gestión ambiental y presidente del Bloque Ecologista del Estado de Guanajuato, AC. Recibe comentarios, críticas y sugerencias al correo: caralvez16@hotmail.com
