En México, a diferencia de otros países, el Estado renunció desde la década de 1930 del siglo XX a ser propietario significativo de la tierra. Esto ha impedido la existencia de extensiones de propiedad pública lo suficientemente amplias y adecuadas para fines de conservación y, por lo mismo, también dificulta la aplicación exitosa de políticas a favor de la biodiversidad.
Un hecho casi insólito en nuestro país es que la gran mayoría de las áreas naturales protegidas se encuentran en predios de propiedad privada, sea ésta ejidal, comunal o individual. Según Gabriel Quadri de la Torre, en su obra titulada Bosques y biodiversidad en riesgo, el país ha estado marcado por numerosas distorsiones jurídicas, socioeconómicas y políticas, en el marco de procesos agrarios históricos surgidos desde tiempos prehispánicos, coloniales y posrevolucionarios.
El resultado es que se han condicionado los derechos de propiedad al mantenimiento de usos del suelo depredadores, se han impuesto limitaciones arbitrarias a la extensión de la propiedad rural, se ha pulverizado la tenencia de la tierra y dispersado a la población campesina en áreas poco aptas para la agricultura.
Incluso, se ha creado un ambiente crónico de incertidumbre, instigando la inobservancia de la ley y elevando la conflictividad política. También se han alejado oportunidades económicas y privilegiado formas colectivas de posesión con frecuencia incompatibles con una visión de eficiencia a largo plazo y con observancia de la biodiversidad.
Sin embargo, para Quadri, muchos de los aspectos negativos como los bajos costos de oportunidad para la conservación, pueden representar ventajas competitivas extraordinarias para la producción de bienes públicos ecológicos a través de la misma conservación.
Para ello, es fundamental formular políticas públicas en donde la conservación sea un objetivo explícito y que pueda ser medido, además de que tenga como pilares instrumentos de regulación y de naturaleza contractual, compensatoria y de incentivo. Es indispensable contemplar y aplicar instrumentos que cubran, al menos parcialmente, los costos de oportunidad que los propietarios asumen por limitar sus actividades forestales, agrícolas o ganaderas que ponen en riesgo la biodiversidad y los bienes y servicios ecológicos (como bienes públicos) que ésta ofrece.
Prioridades y rescate de la biodiversidad
El estudio de Quadri, con ayuda del sistema de información geográfica, ha identificado Unidades Territoriales Estratégicas para la Conservación de la Biodiversidad (UTEC), integrándolas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) con las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) propuestas por la Conabio.
Por su parte, a partir de una extensa base de datos, se construyó un esquema de indicadores de riesgo, basado en los mismos criterios que han sido útiles para valorar la aplicabilidad de distintos instrumentos no regulatorios.
Los indicadores de riesgo se integran a partir de un conjunto de variables que representan presiones demográficas y territoriales, presiones directas a la deforestación por quemas e incendios (puntos de calor detectados en imágenes satelitales), fragilidad ecológica, biodiversidad, cobertura de áreas naturales protegidas, propiedad de la tierra y condiciones socioeconómicas y de conflictividad en cada UTEC.
Las áreas de mayor riesgo son por lo general aquellas ubicadas en el sur y sureste del país, con mayores tasas de crecimiento demográfico, condiciones de pobreza y predominio de propiedades colectivas de la tierra. En este sentido, destacan zonas como Montes Azules, Sierra de los Tuxtlas, Sierra Sur y Costa de Oaxaca, La Sepultura-Selva Zoque y El Ocote y Sierra Gorda-Río Moctezuma-Los Mármoles.
Estas zonas demandan una atención prioritaria en términos de políticas públicas, presupuestos y aplicación de distintos instrumentos regulatorios, contractuales, compensatorios y de incentivos.
Mínimas reservas naturales
México sólo cuenta con cerca de 12 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas terrestres, lo cual representa sólo el 7 por ciento del territorio nacional, mientras que otros países con menor riqueza biológica y ecológica han desarrollado sistemas de áreas naturales protegidas más amplias. Tal es el caso de Costa Rica (25 por ciento), Estados Unidos (20 por ciento), Chile (12 por ciento) y Guatemala (22 por ciento).
