Fuentes cercanas al caso informaron que el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado octavo de distrito con sede en Acapulco, Guerrero, interpondrá esta semana un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado de esa entidad el que determine en definitiva si se confirma o se revoca la suspensión de las obras del embalse, considerado uno de los proyectos de inversión más importantes del sexenio foxista.
La inconformidad de la PGR radica en que la juez Livia Larumbe Radilla no reparó en el daño patrimonial que se le ocasionará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como tercera perjudicada en el juicio de amparo que se inició a petición de varios pobladores de la región afectada.
Según el Ministerio Público, la suspensión de las obras provocará un daño económico de grandes proporciones al gobierno federal.
Una vez que la PGR impugne ante un tribunal superior el fallo de la juez Larumbe, titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco, el expediente “incidental” del juicio de garantías 879/2007 será turnado a un tribunal colegiado integrado por tres magistrados federales.
El pasado miércoles la juez Larumbe concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la CFE que de inmediato detenga la construcción de la presa.
La resolución ordenó a la paraestatal “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.
Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, ha provocado fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17,300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.
Para que la suspensión definitiva surta efectos, la juez ordenó a los campesinos presentar un depósito por 100 mil pesos para garantizar los posibles daños a la CFE, aunque ahora la PGR considera insuficiente el monto de esa garantía.
Fuente: La Jornada
