Alcanzar un desarrollo sustentable requiere, sin duda alguna, lograr un equilibrio entre la actividad económica y la preservación de los recursos naturales, en donde el agua figura como un elemento determinante para asegurar la viabilidad que como país deseamos todos.
Lo anterior no es una mera casualidad, pues el propio Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ubica el tema del agua como uno de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar la humanidad en este milenio.
En México, la problemática no es algo sencillo, pues a la excesiva sobreexplotación que hasta la fecha se realiza del agua bajo el amparo de la autoridad gubernamental, se agregan otros aspectos como son su deteriorada calidad y la falta de una verdadera cultura para preservar este recurso.
Sobre el primer aspecto, la Comisión Nacional del Agua hizo público desde principios del año el estado que guardan 188 de los principales acuíferos del país, pero a la fecha poco o nada ha efectuado para revertir la sobreexplotación de la mayoría de ellos.
Una de las atribuciones que confiere la Ley de Aguas Nacionales a la Comisión Nacional del Agua, es aprovechar adecuadamente y proteger el recurso hídrico nacional. Sin embargo, parece que dicha atribución no se utiliza de forma efectiva.
Establecer zonas de veda
La propia Ley de Aguas Nacionales, cuyas reformas aún no han sido publicadas a pesar de que fueron aprobadas por el Poder Legislativo en mayo pasado, establecen los casos en los que el Ejecutivo federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua, puede establecer zonas de veda.
Ahí están por lo menos 188 acuíferos en los que la propia autoridad ha determinado que existe sobreexplotación de este vital recurso, sin que a la fecha haya expedido su reglamentación y mucho menos un decreto de veda temporal que permita lograr su equilibrio en un corto, mediano o largo plazos.
En materia de saneamiento, la situación no deja de ser menos alarmante, pues si bien sólo se trata el 25 por ciento de las aguas residuales municipales que se recolectan, existen por los menos 150 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que se vierten sin tratamiento alguno, con el consecuente daño de salud y ambiental.
Aunque es cierto que existen acuerdos con los municipios que posean una población superior a los 20 mil habitantes para que antes de 2007 traten el 100 por ciento de sus aguas residuales, es evidente y claro el daño ambiental que está provocando el ejercicio de la ley, cuyas consecuencias pagaremos todos en un futuro no lejano.
En lo referente a la distribución del agua en México, la disponibilidad promedio de agua es de 4,900 metros cúbicos por habitante al año, cifra inferior a la de Estados Unidos o Canadá, que cuentan con 10 mil y 99 mil metros cúbicos por persona, respectivamente.
Ineficiencia en el uso del agua
Los contrastes en México son similares; mientras en el sureste se dispone de 27 mil metros cúbicos por habitante al año, en las regiones centro y norte se tienen niveles inferiores a 2,500 metros cúbicos. En 50 años, la disponibilidad del agua por habitante se redujo en un 60 por ciento.
La problemática se agrava por la baja eficiencia en la utilización del agua ya que, por ejemplo, la agricultura, principal usuario de este recurso, desperdicia 55 por ciento del total del líquido que se emplea para este fin. En el medio urbano se desperdicia el líquido en un 43 por ciento.
No obstante, uno de los más grandes desafíos se encuentra en detonar una verdadera cultura del agua, en donde la sociedad pueda ser el motor de acciones tendentes a lograr la sustentabilidad de este recurso en beneficio de la presente y futuras generaciones.
Para ello, se requiere de una información que, como el agua, sea clara y transparente, a fin de que sus propios usuarios, es decir, la sociedad en su conjunto, puedan tener un conocimiento real del diseño de las políticas que a la fecha mantienen a millones de personas al margen del beneficio de disponer de agua potable y alcantarillado, por decir lo menos.
Con base en lo anterior, también podemos cuestionarnos si el organismo encargado de preservar y distribuir de forma eficiente el agua en México posee la capacidad suficiente para actuar a favor de la sociedad o se encuentra a merced de factores externos.
Ante la falta de resultados óptimos propuestos por el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, el cual constituye el instrumento rector de la política hidráulica en México, resulta difícil concebir a la Comisión Nacional del Agua como un organismo funcional y, sobre todo, eficiente.
Ojalá que la reducción de los rezagos y limitaciones en la disponibilidad del agua que afectan a grupos sociales desprotegidos, así como la utilización más eficiente del recurso en todos los usos, señaladas como una elevada prioridad del gobierno federal, sean las mismas prioridades de la Comisión Nacional del Agua.
La sociedad debe colaborar no sólo en el diseño de políticas, sino que debe tener una verdadera participación en la puesta en marcha de las diferentes acciones encaminadas a darle a este recurso su valor estratégico y económico, pues está probado que el no asignarle al agua esos valores, lo único que seguirá favoreciendo es su derroche y uso ineficiente.
