Legisladores buscan combatir los huecos de la cumbre de Río de 1992 con control de leyes y contabilidad del capital natural
Alejandra Crail
Río de Janeiro.— El Protocolo de Legisladores de Río+20 fue aprobado el pasado domingo para fortalecer la agenda que se generó en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, y que 20 años después trae una nueva oportunidad de generar un cambio para el planeta.
Aproximadamente 300 legisladores de diversos rangos y regiones del mundo conforman esta nueva herramienta que tiene tres ejes principales: control para monitorear la implementación de los compromisos que adquieran los gobiernos durante la cumbre, promover una plataforma que permita avanzar en leyes que los agilicen y, por último, la incorporación del capital natural a la contabilidad de los gobiernos.
Este protocolo velará por el buen cumplimiento de todos los acuerdos en las diversas naciones, es una herramienta para ratificar de aquí a la nueva cumbre los esfuerzos implementados en cada nación en la agenda ambiental.
Como lo declararon el ex secretario de Estado para el Medio Ambiente de Reino Unido, Lord Deben, y Cicerón Luna, primer secretario del Senado brasileño, “no es que los líderes mundiales se comprometieron con los objetivos equivocados en Río hace 20 años, sino el fracaso de los gobiernos para aplicar adecuadamente sus compromisos”.
La Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Brasil (incluyendo su Congreso y Senado), el alcalde de Río de Janeiro, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, son de los principales asociados del protocolo.
Los congresistas también proponen aprobar en esta cumbre un mecanismo que les permita reunirse al menos cada dos años para intercambiar informaciones de cumplimiento de los acuerdos y compartir las prácticas implementadas en los países que hayan tenido éxito, sobre todo en el ámbito legal.
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