«Me da gusto que tomen en cuenta mi trabajo, pero me daría más gusto estar en libertad», exclamó Felipe Arreaga Sánchez, dirigente de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán (OESP), encarcelado desde noviembre de 2004 en el penal de Zihuatanejo, Guerrero, cuando le informaron que Sierra Club, la organización de ecologistas más antigua y grande del continente americano, determinó otorgarle el Premio Chico Mendes en reconocimiento a su labor de más de 10 años en defensa del medio ambiente.
Junto con Arreaga recibirán el galardón su esposa, Celsa Valdovinos, presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), y Albertano Peñaloza Domínguez, también integrante de la OESP, quien el pasado 19 de mayo sufrió un atentado al llegar a su casa en el poblado de Banco Nuevo, en el que dos de sus hijos fueron asesinados. Ante estos sucesos Albertano permanece oculto para evitar nuevos ataques contra su vida, por lo que su esposa, Reyna Mojica, recibirá el galardón en su representación; señaló que pese a todo «vale la pena seguir luchando, no sé cómo explicarme, pero agradecemos lo que están haciendo por nosotros y vamos a seguir».
El Sierra Club instituyó el Premio Chico Mendes en 1989 para reconocer a individuos u organizaciones no gubernamentales, fuera de Estados Unidos, que han demostrado extraordinaria valentía y liderazgo en la lucha internacional por la protección del medio ambiente. Chico Mendes fue un líder cauchero brasileño, asesinado en 1988 por latifundistas y madereros de aquel país, quienes sintieron que sus intereses habían sido perjudicados por la oposición del movimiento encabezado por el líder contra la deforestación y explotación indiscriminada de la selva amazónica.
Ya en el año 2001, el Sierra Club otorgó el Premio Chico Mendes a otro integrante de la OESP, también encarcelado bajo cargos falsos: Rodolfo Montiel, «por su sobresaliente valentía en la defensa ambiental». Ethel Kennedy, activista estadunidense en defensa de los derechos humanos, entregó el galardón primero a Ubalda Cortés Salgado, esposa de Rodolfo, y luego a éste en un penal de Guerrero.
Posteriormente, debido a las presiones internacionales, el gobierno del presidente Vicente Fox liberó a Montiel y a su compañero Teodoro Cabrera, quienes fueron sentenciados a 10 y 6 años de prisión, respectivamente, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en el año 2000 una recomendación en la que señaló que ambos campesinos ecologistas fueron torturados luego de su detención por elementos del Ejército Mexicano de la 35 zona militar, y no estaban en posesión de armas de fuego, como declararon los militares. El gobierno mexicano argumentó «razones humanitarias» para liberar a ambos ecologistas, quedando pendiente su exoneración de los cargos en su contra.
La defensa de Felipe Arreaga, que está a cargo del equipo de Tlachinollan, ha presentado una veintena de pruebas de la inocencia del ecologista, no obstante lo cual la Procuraduría de Justicia de Guerrero formuló conclusiones acusatorias en su contra, pese a que en la acusación únicamente cuenta con testigos que no se han vuelto a presentar y otros que, incluso, han declarado que fueron coaccionados por el cacique maderero y elementos de la propia procuraduría para acusar a Felipe Arreaga del homicidio de Abel Bautista. Por esa acusación tienen también orden de aprehensión en su contra el propio Albertano Peñaloza y otros 12 integrantes de la OESP.
Numerosas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han solicitado, infructuosamente, al gobierno de Guerrero que ante las evidencias de la inocencia de Arreaga retire los cargos y lo libere de inmediato.
Fuente: Rosa Rojas, La Jornada
