Los pagos por servicios ambientales es un concepto que surge como un potencial para el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección ambiental. Su aplicación contribuye de forma significativa al desarrollo del medio rural, debido a que puede generar opciones para los pequeños y medianos agricultores, así como para las comunidades indígenas.
El crecimiento económico y poblacional ejerce una presión sobre recursos naturales y a menos que se les asigne un precio real a estos recursos, el deterioro será cada día mayor. Es urgente establecer una relación entre la escasez y el precio de un recurso, para también buscar nuevas opciones que mejoren el manejo de los recursos naturales. Es decir, hay que encaminar las economías mundiales hacia el desarrollo sostenible.
El consenso ya se está generalizando, en cuanto a la necesidad de una participación ciudadana para resolver los problemas ambientales. Por ejemplo, la creciente demanda de agua por el aumento de la población y el incremento de las áreas agrícolas bajo irrigación provoca no sólo riesgos de escasez, sino también que los clientes busquen mecanismos que contribuyan a resolver de una manera eficaz los problemas percibidos y uno de estos mecanismos es la participación ciudadana.
El desarrollo sostenible se concibe a menudo en términos de un proceso de optimización y articulación de 3 subsistemas que constituyen un sistema agrario. Esto es, el subsistema productivo, el social y el ecológico. De estas interrelaciones sistémicas no sólo depende la capacidad actual de satisfacer necesidades sociales, humanas y económicas, sino también el potencial evolutivo y la sostenibilidad futura del sistema.
Diversidad de enfoques
El concepto de sistema agrario permite ubicar diferentes enfoques de desarrollo comúnmente practicados por programas de desarrollo rural y agrícola. Algunos plantean que el desarrollo agrícola será el resultado del mejoramiento gradual de los sistemas de producción, mientras que para otros serán las mejoras en cuanto al funcionamiento de las cadenas de producción–mercadeo.
En realidad, determinado enfoque estará en función de la historia y la dinámica evolutiva de cada sistema agrícola y de las articulaciones que se den entre los subsistemas. Por ejemplo, un enfoque de manejo sostenible de suelos y agua partirá de ciertas constataciones sobre los límites agroecológicos de los recursos y se propondrán diversas prácticas que buscarán aumentar la sostenibilidad de los sistemas de producción.
Un programa con enfoque de cuenca busca introducir nuevas reglas sociales en cuanto al uso de los recursos naturales, a partir de un análisis ecohidrológico del funcionamiento de la cuenca.
El enfoque de pagos por servicios ambientales propone, a partir de una demanda de bienes y servicios ambientales y una caracterización de la capacidad de oferta del agroecosistema, generar nuevas formas organizativas y mercados para los servicios ambientales dentro del sistema.
El establecimiento de relaciones por pagos por servicios ambientales contribuye también a definir y a modificar relaciones de participación y de decisión entre actores y cambiar la percepción que tienen los pobladores de sus recursos. De esta manera, el funcionamiento de un sistema «proveedor de bienes y servicios ambientales» pretende modificar las relaciones entre actores sociales y el uso sostenible de los recursos naturales existentes.
La idea de fondo es formalizar nuevas relaciones entre los habitantes de la ciudad y los pobladores rurales entre empresas y clientes, entre colectividades territoriales y municipalidades, para que la formalización sea duradera.
Principales servicios y bienes ambientales
Un bien ambiental es un producto de la naturaleza, el cual es directamente aprovechado por el ser humano. El agua, es un ejemplo de un bien ambiental. Por el contrario, los servicios ambientales se definen a partir de las funciones ecosistémicas de los recursos naturales.
Las funciones ambientales son los posibles usos de la naturaleza por el ser humano y los servicios ambientales son las posibilidades o el potencial que será utilizado por los humanos para su propio bienestar.
Demandantes y oferentes
En términos generales, todos los seres humanos son demandantes de los servicios ambientales. Pero para entender el enfoque, veamos un ejemplo: para el caso de la fijación o secuestro de carbono, los demandantes viven en aquellos países que se comprometieron a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero en la Cumbre de Río de Janeiro y luego conformaron el Protocolo de Kyoto.
En el caso de los servicios de protección de la biodiversidad, las empresas farmacéuticas transnacionales podrían estar interesadas, al igual que los institutos o laboratorios dedicados a la reproducción de especies benéficas.
Los servicios de provisión de «belleza escénica» son pagados por los turistas, por las empresas operadoras de turismo y por los visitantes de parques o de áreas protegidas. En el caso de la prevención de desastres, pueden pagar los ciudadanos que potencialmente serán víctimas de los mismos.
Otro ejemplo: los servicios hidrológicos son pagados por los usuarios del agua. Es decir, las empresas de generación de energía hidroeléctrica, las empresas distribuidoras de agua potable, las empresas que utilizan agua para fines industriales (cervecerías o bebidas embotelladas), las empresas de transporte acuático, los usuarios del agua con fines recreativos y los productores que utilizan el agua para fines agropecuarios (riego o agua para el ganado).
Por otra parte, todo actor social que es propietario o utiliza los recursos naturales renovables o no renovables puede constituirse en un oferente de servicios ambientales. De esta manera, el esquema de pago por servicios ambientales debe desarrollarse sobre el manejo y aprovechamiento sostenible de áreas boscosas o de los recursos hidrológicos.