- Entre abril de 2020 y septiembre de 2021 se perdieron 2 mil millones de dólares por la falta de demanda del transporte público
Teorema Ambiental/Redacción
Garantizar el derecho a la movilidad exige adoptar nuevos mecanismos para el fondeo y financiamiento del transporte público urbano en México, que actualmente dependen solo de la recaudación de tarifas y subsidios.
Así lo detalla el estudio “Análisis de los mecanismos financieros para la sostenibilidad del transporte público en ciudades mexicanas”, elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y dado a conocer durante el segundo día del 25º del Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM).
El documento sostiene que el financiamiento del transporte público urbano es un reto de política pública, relacionado con la dependencia de su modelo de negocio en la recaudación por cobro de pasajes, que se ha agudizado a raíz de la caída en la demanda de transporte ante la pandemia de covid-19.
En el 25 Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, realizado en Hermosillo, Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso con la agenda de movilidad, seguridad vial y transporte, al anunciar el presupuesto más grande en la historia para estos rubros.
“Estoy decidido a aplicar el mayor presupuesto posible a esta agenda, pero el tema no solo se resuelve con presupuesto; se requiere un modelo que, con las adaptaciones del caso, funcione óptimamente para nuestro estado”, indicó.
De acuerdo con una investigación realizada por WRI México, la demanda de transporte público durante los meses de mayor confinamiento por la pandemia disminuyó 70 por ciento, lo que produjo pérdidas que se estiman de más de dos mil millones de dólares entre abril de 2020 y septiembre de 2021 en las 75 zonas metropolitanas de México. De esta manera, se hace necesario explorar nuevos mecanismos de fondeo y financiamiento del transporte público en México, a la par de analizar su posibilidad de implantación en el contexto mexicano, con miras hacia la sostenibilidad financiera del sector.
“Es importante explorar otras opciones como el cargo por congestión o peaje urbano y las contribuciones patronales, mecanismos que no existen actualmente en México, pero que pueden constituir una buena oportunidad de recaudación”, propuso Carlos Orozco, director de Movilidad Urbana de WRI.
Durante el Encuentro convocado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), participaron varios estados mostrando las radiografías y necesidades de su transporte público. La Asociación es una iniciativa de gobiernos estatales y municipales apoyada por WRI México y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC (ANPACT), que desde 2017, tiene el objetivo de lograr que México avance hacia un modelo de movilidad sustentable con la concurrencia y compromiso del gobierno federal, mediante el trabajo conjunto y unificado de los estados, la industria y la sociedad civil.
Actualmente, la AMAM agrupa a 21 estados y cuatro municipios, y cuenta con la participación de tres estados más que se encuentran en proceso de adhesión.
Durante el Encuentro, se abordó el tema de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo que durante el último año WRI México ha desarrollado junto con las autoridades de la AMAM y ya se casi se encuentra en una versión final.
Fotografía: ENAM
