Seis personas fueron detenidas por el colapso de construcciones; Cenapred afirma que 93 % de los municipios no tiene reglamento de construcción
Teorema Ambiental-Redacción
A un año del sismo del 19 de septiembre, seis personas fueron detenidas por el colapso de construcciones, pero solo uno permanece en prisión preventiva, de acuerdo con cifras de la Procuraduría capitalina.
Dos de ellos estuvieron vinculados con la construcción del edificio de Eje Central Lázaro 418, en la colonia Portales el cual, con apenas un año de haber sido construido como condominio de lujo, tuvo daños en el 90 por ciento de su estructura.
Tres personas más fueron detenidas por el colapso de Zapata 56, otro edificio nuevo en la colonia Portales, donde murieron dos mujeres que trabajaban en labores de limpieza.
Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, fue aprehendido por el derrumbe de esta escuela, donde fallecieron 19 menores y siete adultos, en Villa Coapa.
El indiciado fue detenido el 22 de julio en Querétaro, bajo los cargos de homicidio y permanece recluido en la Torre Médica anexa al Reclusorio Preventivo Sur, debido a un padecimiento previo.
93 % de municipios, sin reglamento de construcción: Cenapred
De los dos mil 457 municipios del país, solo 165, es decir 93 por ciento, cuentan con reglamento de construcción. Sin embargo, el 45 por ciento de ellos no tiene normas técnicas complementarias, por lo que únicamente son trámites administrativos para obtener los permisos, explicó el subdirector de Vulnerabilidad Estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Joel Aragón.
Durante la mesa de diálogo “Factores clave en la seguridad y calidad de las obras de infraestructura”, organizada por la empresa SGS, el funcionario dijo que la ausencia de leyes representa un gran problema para la construcción, o que cuando existen no se cumplen a cabalidad.
“En la Constitución está escrito que el municipio es la unidad mínima de autoridad y cada uno es libre, soberano y responsable de sus propias leyes. Eso nos pone en graves problemas, porque no existen realmente reglamentaciones y leyes de construcción, y si hay, no se cumplen”, explicó.
En tanto, el comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de Ciudad de México, Édgar Tungüí, dijo que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 hubo 38 colapsos y a la fecha 65 edificios más han sido derribados.
“Existen 200 edificios en proceso de reestructura y en otros se estudia la factibilidad de recuperación, o si no es viable económicamente, tirarlos y construirlos bajo la nueva normatividad”, señaló.
Aclaró que aunque se piensa que estaban mal construidos, su daño se debe más a que los inmuebles fueron edificados con reglamentos publicados anteriores a 1985.
Los expertos indicaron que los reglamentos de construcción tiene un buen nivel técnico y se deben actualizar cada cinco años, aunque algunas veces toma más tiempo como ocurrió con el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, publicado en diciembre de 2017, pero que se estaba elaborando desde 2014.
“Otro problema es la autoconstrucción, como ocurre en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, que son las zonas de mayor daño con más de tres mil 500 viviendas, por lo que se está buscando crear manuales sobre cómo deben ser los procesos de autoconstrucción.”
Por otro lado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que a un año de la tragedia, los daños ocasionados aún no están superados y un número considerable de familias permanece en situaciones difíciles.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, llamó en un comunicado a todas las autoridades relevantes —federales, estatales y municipales, actuales y futuras— a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y todos los afectados, y expresar su solidaridad con las víctimas y el pueblo de México.
En el documento enfatizó la necesidad de que durante la reconstrucción, las autoridades recuerden su obligación de atender a la población afectada y garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales.
