Se contará con la presencia de elementos de la nueva Gendarmería Ambiental en el área El Calvario
Ciudad de México.— La vigilancia para el combate a la tala clandestina y los desarrollos habitacionales irregulares en la cuenca de Valle de Bravo, en el Estado de México, será reforzada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Como parte de las acciones de recuperación de Valle de Bravo, la Semarnat realizará un programa de saneamiento del tiradero municipal. Este centro de acopio será provisto de un sistema de geomembranas que evitarán la contaminación de los acuíferos.
A partir del convenio de colaboración suscrito entre Semarnat, Profepa y la Comisión Nacional de Seguridad, esta área natural será uno de los patrimonios vigilados por los elementos de la nueva Gendarmería Ambiental, en particular el área conocida como El Calvario.
Los asentamientos humanos irregulares y las construcciones sin permisos ejercen presión sobre los recursos naturales de la zona, por lo que se acordó canalizar al menos una decena de elementos de este cuerpo de seguridad para fortalecer la vigilancia en ese lugar.
La presencia de este grupo especial será oportuna y útil para disuadir a la delincuencia, así como un gran apoyo para la autoridad ambiental frente a fenómenos como la tala clandestina o el surgimiento de nuevos proyectos habitacionales irregulares al margen de la ley, señaló el procurador federal Guillermo Haro Bélchez.
Durante la gira de trabajo de las autoridades ambientales por esta localidad, el procurador federal informó también que entre las tareas de protección y vigilancia de la ANP Valle de Bravo destaca la puesta en operación de una oficina regional de Profepa con seis nuevos inspectores.
Asimismo, indicó que se cuenta con un estudio técnico inicial en el que se tomaron en cuenta las denuncias e información proporcionadas por agrupaciones civiles, gracias a las cuales se pudo determinar la existencia de poco más de 600 desarrollos o construcciones habitacionales que presentan irregularidades a lo largo de la cuenca.
El compromiso asumido es lograr la revisión total de estos casos. A la fecha la Profepa tiene un avance del 20 por ciento: se han realizado 42 clausuras y se han iniciado 77 procedimientos administrativos contra particulares y empresas desarrolladoras. Se espera conseguir la demolición de las obras en tres casos, por lo menos.
La meta es regularizar, poner orden y, sobre todo, respetar el medio ambiente en esta parte del país. Para lograrlo, el trabajo y la participación de las organizaciones no gubernamentales en la entidad resultan fundamentales, puntualizó el procurador.
Fuente: Teorema Ambiental
