Se nos condenó a seguir dependiendo de los hidrocarburos para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de transitar hacia fuentes renovables como el sol y el aire, pese al alto potencial que tenemos
México D.F.— El Segundo Informe de Gobierno fue presentado bajo la sombra de cuatro “accidentes” ambientales ocurridos en menos de un mes, que contaminaron diferentes ríos del país y causaron pérdidas millonarias por las afectaciones a actividades económicas como la agricultura y la ganadería, lo que ha afectado a más de 22 mil personas, afirmó la organización ambientalista Greenpeace.
Esto muestra la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se tomen en cuenta las externalidades, agregó la organización.
Mediante el análisis de la gestión ambiental del segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Greenpeace afirma que se consolidó un modelo extractivo de los recursos naturales y se ha menospreciado al medio ambiente.
Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, el jefe del Ejecutivo mexicano selló el retroceso ambiental en nuestro país, se nos condenó a seguir dependiendo de los hidrocarburos para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de transitar hacia fuentes renovables como el sol y el aire, pese al alto potencial que tenemos, acusó la organización mediante comunicado.
Asimismo, se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la “servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras”, eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos y, al término de la “ocupación temporal”, los dueños se quedarán con la responsabilidad de los contaminantes que se dejen en sus predios o también llamados “pasivos ambientales” y, por tanto, deberán compartir la responsabilidad en la remediación de la contaminación de suelo y agua.
Por otra parte, hace un año, el gobierno federal señaló que durante este sexenio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pasaría de ser “un organismo reactivo a la contingencia a uno de prevención” pero de esto nada hemos visto. El reciente derrame de sustancias tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es sólo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y sanciones, denunció Greenpeace.
En el caso de Sonora, la multa para Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es irrisoria. La Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a por lo menos 22 mil habitantes de siete municipios. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la “reparación del daño” de la cual no se establece una cifra.
La reforma energética ha abierto otra amenaza en el tema del agua. La utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.
Esta actividad disminuye la disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: se requieren de nueve a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Ello supondría la disminución de cantidad de agua para otros usos, lo que pondría en peligro el cumplimiento del derecho humano a este recurso, puntualizó el grupo ambientalista.
