Normas oficiales existentes están desactualizadas e incumplen criterios de la OMS, afirman
Teorema Ambiental/Redacción
Greenpeace México y El Poder del Consumidor convocaron este martes a una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para homologar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sobre salud ambiental con los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En esta mesa multisectorial participaron organizaciones de la sociedad civil como Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Red por los Derechos de la Infancia en México y Fundación Tláloc; así como personal académico de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Los participantes coincidieron en la necesidad de modificar varias normas oficiales sobre los límites máximos permitidos de contaminantes en el aire, entre ellas la NOM-020 (ozono), la NOM-025 (material particulado), la NOM-022 (dióxido de azufre) y la NOM-023 (dióxido de nitrógeno).
Ello porque la mala calidad del aire en México es uno de los riesgos ambientales más graves para la salud; sin embargo, los límites de concentración que establecen las Normas actuales están muy por encima de los que dicta la OMS en sus guías de calidad del aire, actualizadas en 2005.
Señalaron la necesidad de modificar los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en México para que tengan definiciones más claras de criterios de evaluación, que incluyan zonas rurales y contengan datos continuamente actualizados y precisos para vincular la mala calidad del aire con la generación de enfermedades respiratorias. También observaron la necesidad de dar seguimiento a la actualización de la NOM-156, sobre sistemas de monitoreo, que ya está inscrita en el registro de normalización, para ser modificada en 2019.
Durante la mesa también se discutió la necesidad de una mayor inclusión de la sociedad civil en la elaboración y actualización de las Normas; la responsabilidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de vigilar el funcionamiento de estas medidas; y la necesidad de generar campañas de comunicación para diferentes sectores sobre la calidad del aire como principal riesgo ambiental para la salud.
Enfatizaron que este problema requiere un abordaje integral que no se limite a las Normas, y se habló de la posibilidad de proponer la existencia de una Comisión Nacional de Medio Ambiente y Salud, que atienda ambos temas de forma asociada.
También se identificó la necesidad de que la administración federal entrante dé seguimiento a los pendientes en materia ambiental y cumpla con las propuestas de campaña que hizo en esta materia. Entre las primeras medidas que habría de cumplir el nuevo gobierno será incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la actualización de las Normas y el fortalecimiento de las redes de monitoreo, incluyendo la asignación de presupuesto suficiente para la implementación de estas acciones en cada entidad del país.
