El FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de 3 mil contenedores de agua, mientras a los afectados a causa de la contaminación por el derrame fue de apenas 7 millones 805 mil pesos
Teorema Ambiental/Redacción
El Fideicomiso Río Sonora (FRS), el canal a través del cual se asignaron fondos para remediar los daños ocasionados por el derrame de químicos a los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, por la minera Grupo México, gastó más de 184 millones de pesos en la compra de tinacos. Uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la minera.
Los comités de cuenca del río Sonora denunciaron que el FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de tres mil contenedores de agua, mientras la suma entregada directamente a los afectados en su salud a causa de la contaminación por el derrame fue de apenas siete millones 805 mil pesos.
Los comités integrados por ciudadanos afectados, asesorados por la asociación no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), denunciaron que el FRS pagó por los tinacos 150 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, AC. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, fundado poco después del derrame por Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del comité técnico del FRS, recibió a su vez 28 millones 614 mil pesos. En tanto, Rotoplas obtuvo cinco millones 502 mil pesos.
Más de un centenar de afectados se reunieron fuera de lo que debió ser la Unidad de Vigilancia Ecológica y Ambiental (Uveas) para exigir a Grupo México que se responsabilice por los daños provocados por la contaminación del agua desde hace cuatro años.
Por su parte, pobladores de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo afectados por un derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en ambos ríos, reclamaron al consorcio minero el pago de daños ambientales y a la salud.
“Estas empresas voraces acaban con nuestra vida y naturaleza a cambio millones, pero estos no valen más que la vida de los 25 mil sonorenses afectados por el ácido sulfúrico”, lamentó Roberto Gallegos, habitante de Huépac.
Cifras publicadas por el FRS refieren que en el rubro “Acciones de atención y seguimiento médico” se otorgó a los afectados en su salud siete millones 805 mil pesos, es decir, 10 por ciento de ese rubro. Mientras, el 90 por ciento restante se gastó en la construcción de la Uveas ubicada a la entrada de Ures, la cual debió inaugurarse en 2015, un año después del derrame, pero sigue en obra negra.
Benjamín Cokelet, director de Poder, calificó la compra de tinacos de “muestra de cinismo más allá de lo imaginable”; además, señaló que ya se ha gastado 61 por ciento del FRS, es decir, mil 231 millones 367 mil 946 pesos de un total de dos mil millones. El resto quedó congelado sin resarcir daños sanitarios, ambientales ni económicos.
Datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mencionan que el derrame tóxico provocó daños en la salud de al menos 360 habitantes de la ribera, quienes presentan altas concentraciones de metales pesados en sus organismos.
El 6 de agosto de 2014, una falla en una represa de la mina Buenavista del Cobre causó el mayor desastre ambiental en la historia de México. El agua de los ríos Sonora y Bacánuchi ya no sirve para consumo humano ni para actividades productivas, en perjuicio de 25 mil habitantes.
