Ambientalistas denunciaron que la construcción de la mina causaría contaminación de aguas, afectación del hábitat de árboles y extinción de especies
SAN JOSÉ.— Ambientalistas de Costa Rica anunciaron una marcha para el 22 de abril contra la mina de oro a cielo abierto “Las Crucitas”, cuya construcción fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), Heidy Murillo, declaró que la lucha legal “no está agotada”, pues aparte del recurso de amparo declarado “sin lugar” por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, existe un proceso penal abierto.
Según Murillo, la mina no puede comenzar a operar hasta que no se resuelva ese proceso penal, aunque afirmó que más que legal, esto es un asunto “político”.
La ambientalista comentó que no les “sorprendió” el fallo de la Sala Constitucional, pues durante el proceso percibieron “parcialidad” de los jueces.
El fallo por cinco votos contra dos de la Sala Constitucional, generó la complacencia del gobierno, que declaró el proyecto como de “conveniencia nacional” en 2008, y de la empresa a cargo, Industrias Infinito, cuya casa matriz es la canadiense Vanessa Ventures.
Por su lado, el presidente de Industrias Infinito, John Morgan, dijo en un comunicado que “esta sentencia representa una gran satisfacción para la compañía” y manifestó que ahora toca demostrar que será “un modelo de minería moderno, socialmente responsable y ambientalmente sostenible”.
El recurso de amparo, presentado el 20 de octubre de 2008 por Edgardo Araya en representación de la organización ambientalista Unión Norte por la Vida, cuestionaba el decreto de “conveniencia nacional”.
Además, denunciaba contaminación de aguas, afectación del hábitat del árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro de extinción, y la carencia de algunos requerimientos ambientales.
Sin embargo, la Sala declaró sin lugar el recurso y aseguró que “las presuntas violaciones aducidas por los recurrentes difieren de los criterios técnicos aportados, los cuales validan la ejecución del proyecto minero sin afectación negativa para el ambiente”.
La mina ha recibido todos los permisos del gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700 mil onzas de oro (19.8 toneladas) en diez años valoradas en unos 800 millones de dólares, y para su construcción se deben cavar tajos y talar unas 192 hectáreas.
Fuente: La Verdad
