En la contra-cumbre llamada “Alternativas sociales en una nueva era de las relaciones de Europa con América Latina” que comenzó ayer en Viena, juzgan por abusos ecológicos, laborales y humanitarios a 30 transnacionales.
Entre las corporaciones acusadas se encuentra la francesa Suez, las españolas Repsol-YPF, Aguas de Barcelona, Riu Resorts y ENCE; la italiana Bennetton y la británica Monterrico Metals. Esta cumbre alternativa se desarrolla de manera paralela a la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe.
Más de medio millar de delegados, activistas, expertos e investigadores de unas 200 organizaciones de ambos lados del Atlántico asistieron a la inauguración de este encuentro.
«Necesitamos alternativas a los desastres (que provoca) la globalización», subrayó Brid Brennan, activista del Transnational Institute, al abrir la contra-cumbre que concluirá el sábado con un acto en el cual participarán los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales.
Están anunciados además el líder agricultor, José Bové (Francia); la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú (Guatemala); Aleida Guevara (hija del Che Guevara); la ex primera dama, Danielle Mitterrand (Francia), y el ex gobernador socialdemócrata, Oskar Lafontaine (Alemania). Entre las ausencias están confirmadas la del presidente cubano, Fidel Castro, y el colombiano, Álvaro Uribe.
La contra-cumbre es un tribunal popular presidido por el alemán Ermar Altvater juzga «a varias empresas trasnacionales que en los últimos 15 años se han convertido en gigantes gracias a la explotación de los recursos latinoamericanos», sostuvo Brennan.
La distribución y el saneamiento del agua potable en Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y México; la distribución eléctrica en Colombia, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; la explotación de hidrocarburos en Bolivia y Ecuador, y la explotación hotelera en México, forman parte de los más de 30 casos analizados por un jurado auspiciado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
La explotación de minas de oro en Perú, la compra de tierras en la Patagonia, la producción de agrotóxicos y semillas transgénicas, la plantación de monocultivos como la soya o los eucaliptos, pero también la actuación de bancos europeos y la violación de los derechos laborales, completan los casos denunciados, que explicarán una treintena de testigos.
«Hay cuestiones que nos preocupan a las dos regiones, como la resistencia a los acuerdos de libre comercio o asociación, pues vimos que son igual al ALCA», explicó el argentino Gonzalo Berrón, uno de los responsables de la Alianza Social Continental.
La «preocupación común» respecto de las transnacionales fue surgiendo porque «se están poniendo mecanismos legales e institucionales al servicio de las empresas que buscan el lucro» y que «cometen abusos en los servicios públicos, los recursos naturales y los derechos laborales», precisó Berrón.
Organizado por la Alianza Social Intercontinental, impulsora del primer encuentro celebrado en 2004 en Guadalajara, y de la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata en 2005, este encuentro quiere ser la otra cara de la cuarta Cumbre Eurolatinoamericana de jefes de Estado y de gobierno que se celebrará del 11 al 13 en la capital austriaca.
«Ésta es la primera etapa de denuncia. Si los casos tienen mérito, vamos a facilitar el debido proceso», subrayó el activista de la Alianza Social, una red que agrupa a cientos de movimientos sociales y organizaciones medioambientales, de derechos humanos, de campesinos, comunidades indígenas, grupos de solidaridad, sindicatos y organizaciones eclesiásticas de Canadá a Argentina.
Según Tom Kucharz, vocero de Ecologistas en Acción, se trata de hacer frente a las «consecuencias nefastas del libre comercio porque no significa erradicación de la pobreza», pero al mismo tiempo «concientizar» a los europeos para que «aprendan a vivir con menos recursos y a buscar modelos económicos alternativos» que no perjudiquen al Tercer Mundo.
La idea del juicio a las transnacionales es llevar posteriormente a estas empresas ante tribunales nacionales e internacionales. «Los casos han sido todos preparados con documentos, con asesoría legal, con fundamentación de cada una de las denuncias.»
En algunos casos hay procesos legales en marcha en los países, por ejemplo en Bolivia, con Aguas del Illimani, de Suez, dice Carlos Santos, de Amigos de la Tierra Uruguay, organización que ha preparado el caso de la acusación contra la francesa Suez.
En el encuentro se celebran también seminarios y diálogos sobre temas que afectan, sobre todo, a la comunidad latinoamericana.
Fuente: La Jornada
